El abogado Gabriel Alvarado, representante de la agrupación Manos Unidas, confirmó la detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC, en un centro de detención en Eloy, Arizona, hace aproximadamente un mes.
La detención se dio tras activarse una ficha roja durante un trámite migratorio, relacionada con una sentencia de cinco años y siete meses de prisión por los delitos de homicidio culposo de 49 menores y lesiones a 106 personas, derivada del incendio de 2009.
En entrevista con Sergio Valle en el noticiero Nuestras Noticias, Alvarado explicó que la detención se confirmó el sábado 2 de agosto, lo que motivó a las familias afectadas a enviar una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal general, exigiendo la extradición inmediata de Téllez.
“Porque es algo que se debió haber conocido de inmediato. Sobre todo, porque la defensa de la señora está procurando a toda costa obtener una audiencia con un juez de migración para solicitar asilo político. Aduciendo que se trata de una persecución de carácter político”, señaló el abogado.
Detalló que, de los cuatro socios propietarios de la guardería, solo Téllez y Antonio Salido Suárez enfrentan responsabilidad penal, mientras que Gildardo Francisco Urquidez Serrano y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonel fueron absueltos por no participar en la administración.
“Ellos no operaban prácticamente nada con relación a la guardería, solo fueron socios capitalistas”, afirmó Alvarado.
Salido, al igual que Téllez, permanece prófugo, y existe el riesgo de que las sentencias prescriban si logran evadir la justicia por el tiempo estipulado.
Además, destacó que Noemí López Sánchez, exjefa delegacional del IMSS en Sonora, es la única persona actualmente en prisión por el caso, cumpliendo una sentencia de ocho meses en el Cereso 1 de Hermosillo.
Otros implicados, como Fausto Salazar Gómez y Jorge Luis Melchor, exfuncionarios de Hacienda con sentencias de cinco años, también están prófugos.
Alvarado señaló irregularidades en la investigación, como la alteración de la escena del crimen: “Se alteró varias situaciones. Una de ellas fue la de omitir la cuestión del que llamamos el ore de la camioneta. […] Así como también en el tema del portón de acceso a la bodega, en donde se hizo constar falsamente que estaba cerrado el portón, cuando en realidad ya ni siquiera estaba puesto”.
Estas acciones, según el abogado, buscaban desviar las investigaciones para proteger a funcionarios del gobierno de Sonora.
Aún están abiertas una carpeta de investigación y una averiguación previa en la Fiscalía General de la República, que involucran a exfuncionarios de la Secretaría Técnica del Ejecutivo estatal y a personas relacionadas con la alteración de la escena del crimen.
Hasta el momento, no ha habido respuesta oficial a la carta enviada a las autoridades, aunque Alvarado expresó esperanza en un pronunciamiento durante el día: “Yo estoy seguro que en el transcurso del día vamos a tener alguna noticia en ese sentido”.
Manos Unidas insiste en que, de ser extraditada, Téllez debe ser ingresada de inmediato a un centro penitenciario para cumplir su sentencia, ya que “no hay nada más que hacer ahí más que cumplir con la sentencia”.
