Al son de la consigna “Sin MIA no hay vía”, en una masiva protesta que denominaron la marcha de las luciérnagas, grupos ecologistas se manifestaron la tarde de este miércoles en contra de lo que llamaron un “ecocidio” que el gobierno federal está llevando a cabo en las inmediaciones de Ímuris y Santa Cruz, en lo que aseguran es un área natural protegida y por donde pasa el trazo de las nuevas vías del tren.
La marcha partió desde las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora hasta la puerta del Palacio de Gobierno que nunca se abrió.
La inconformidad estriba en la falta de un Manifiesto de Impacto a Ambiental (MIA) para este proyecto, lo cual violenta la legislación vigente en este país y la obra está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, instancia que debería proteger el territorio nacional en todos sentidos.
El proyecto de sacar las vías del tren de la ciudad de Nogales inició hace alrededor de un año, empezó a generar inconformidades en residentes de Ímuris cuando detectaron que afectará reservas ecológicas, daño en el río Cocóspera.
Sergio Müller, fundador e integrante del grupo ecologista Caminantes del Desierto, explicó que previamente, al mediodía, hubo una reunión en la que fueron recibidos por el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, la secretaria de Seguridad María Dolores Del Río, Armando Barajas, titular de CEDES y otros funcionarios.
“Se comprometieron a hacernos llegar el proyecto completo para conocer el trazo, pero como es obra del Gobierno Federal nos aclararon que van a solicitar los datos a la Sedena”, dijo.
Les han ofrecido pagar a menos de 2 pesos el m2 por ejido
Yvonne Siqueiros, residente de Ímuris, contó que desde principios de este año se enteraron del proyecto porque les llegó vía whatsapp y a base de presiones lograron que asistieran autoridades a informarles de manera oficial.
“Tuvimos que cerrar la carretera y así vinieron, aquí estuvo Édgar Sallard y nos aseguró que llevaría nuestras inconformidades a Palacio de Gobierno pero en los meses siguientes nunca vimos respuesta alguna.
“Volvimos a cerrar la carretera y ya en una tercera reunión estuvo aquí el diputado Fermín Trujillo que por fin lo conocimos aunque ya no ha regresado, solo nos dejó su palabra de que nos defendería”, dijo.
Como opción a este proyecto que les han dicho que es prioritario, hicieron una propuesta de trazo alterno que afecta mucho menos la ecología y las propiedades, pero tampoco hubo respuesta.
“Son entre 40 y 53 familias afectadas ya sea en sus viviendas o en sus parcelas y han estado negociando con cada uno, a un ejidatario le ofrecen pagarle 1.80 (un peso con 80 centavos) por metro cuadrado, eso es una burla.
“En mi caso me ofrecen una vivienda con las mismas características en otra ubicación y lo que consideran es el valor sentimental de quienes tendremos que ceder las propiedades”, explicó.
