La disputa por nueve islas ubicadas a lo largo del río Bravo escaló luego de que autoridades de Texas las declararan propiedad del estado, ante lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México advirtió que los límites fronterizos entre ambos países no pueden modificarse por decisión unilateral de una autoridad estatal.
La controversia surgió después de que la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció que la Oficina General de Tierras (GLO, por sus siglas en inglés) identificó nueve islas que pertenecen al estado, tras analizar 28 terrenos insulares del río Grande, como se conoce al río Bravo en Estados Unidos.
De acuerdo con Buckingham, la medida busca impedir que los cárteles utilicen esas zonas para actividades ilícitas, como el tráfico de personas y drogas.
El análisis se realizó después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) solicitara revisar la situación de las 28 islas, que presuntamente no tenían propietario identificado.
Ante esta decisión, la Cancillería mexicana sostuvo que la soberanía y la delimitación territorial en la frontera deben determinarse conforme a los tratados internacionales vigentes y no mediante resoluciones de las autoridades de Texas.
“La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal”, enfatizó la dependencia.
La SRE recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que, en el río Bravo, la frontera internacional sigue el centro del cauce normal del afluente. Esta disposición determina a qué país corresponde cada territorio, independientemente de la soberanía que haya tenido anteriormente.
Asimismo, señaló que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional creado para atender asuntos relacionados con la frontera y los recursos hídricos compartidos, es la instancia facultada para aplicar el tratado y determinar de qué lado del límite internacional se encuentra cada isla.
Por ello, la Cancillería subrayó que ninguna autoridad estatal tiene atribuciones para establecer unilateralmente la soberanía de esos terrenos.
La dependencia también recordó que el tratado establece restricciones a la construcción de obras que puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río, cuando así lo determine la CILA.
Finalmente, el Gobierno de México aseguró que dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reiteró su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos internacionales que regulan la frontera común, así como con el diálogo bilateral a través de los mecanismos institucionales correspondientes.
La controversia pone nuevamente en el centro de atención la delimitación territorial en el río Bravo, donde la determinación de la soberanía de las islas debe resolverse conforme a los acuerdos entre México y Estados Unidos.
