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Por diez años, exdirector de Pemex no podrá ocupar un cargo público

por Editorial Sergio Valle News
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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó este miércoles la sanción impuesta en mayo pasado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que implica inhabilitarlo por 10 años para ocupar un cargo público.

Quien fue director de Petróleos Mexicanos de 2012 a 2016, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), había recibido esta sanción en mayo de 2019 por “dar información falsa en su declaración patrimonial y omitir en dos ocasiones una cuenta bancaria de cientos de miles de pesos”.

El exfuncionario está prófugo y con paradero desconocido después de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de haber participado en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, por lo que tiene una orden de captura en su contra.

La sanción, ratificada este miércoles, es parte de las acciones de combate a la impunidad que esta administración desarrolla en Pemex, según la SFP, que aseguró que fue resultado “de un cuidadoso procedimiento” de responsabilidades administrativas.

En la última investigación sobre Lozoya, en diciembre, la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró que el exdirectivo ocultó en su declaración de bienes su participación en una empresa de divisas ubicada en Londres.

De acuerdo con MCCI, Lozoya se hizo “accionista mayoritario” de Royal Exchange (TEG Capital) Limited en plena campaña presidencial de 2012, cuando era coordinador de vinculación internacional del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posterior presidente de México, Enrique Peña Nieto.

La SFP también destacó otras acciones de combate a la corrupción y a la impunidad “en los más altos niveles”.

En entre ellas está la inhabilitación de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), acusada de permitir una red de desvío de recursos públicos.

También, enunció la destitución del directivo de una filial de Pemex y multas resarcitorias por más de siete mil 700 millones de pesos.

Fuente noticierostelevisa.com

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