“El verdadero valor de la fiscalización superior está en prevenir, corregir y contribuir a que las instituciones públicas funcionen mejor”, sostuvo la Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Beatriz Huerta Urquijo, al presentar ante el Congreso del Estado el Informe de Resultados de la Revisión a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, así como de los 72 gobiernos municipales de Sonora, correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
Integrantes de la Comisión de Fiscalización, presidida por el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, recibieron la documentación en la que se precisa que el universo fiscalizado, correspondiente al ejercicio 2025, ascendió a 120 mil 323 millones de pesos, de los cuales 100 mil 54 millones de pesos son del orden estatal, con una cobertura del 80% del gasto público revisado; mientras que 20 mil 268 millones de pesos fueron ejercidos por los 72 municipios, también con un alcance del 80%.
La titular del órgano fiscalizador explicó que, resultado de este proceso, se conformaron 327 informes individuales, producto de 166 auditorías integrales aplicadas a 112 entes estatales; y 161 auditorías integrales, ejercidas a 121 entes municipales, entre los que se incluyen 72 ayuntamientos y 49 entidades paramunicipales.
Respecto a la inversión pública, informó que se revisaron proyectos en 9 entes estatales por 2 mil 473 millones de pesos, así como obras ejecutadas por los 72 municipios por el orden de los 2 mil 128 millones de pesos.
Huerta Urquijo destacó que en la revisión del ejercicio 2025 también se aplicaron auditorias de desempeño con el fin de evaluar si los recursos públicos se ejercieron bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como documentar el avance en la implementación del Sistema de Control Interno y del Modelo de Gestión para Resultados. Se auditaron 79 programas presupuestarios del Gobierno del Estado y los programas presupuestarios de las 72 administraciones municipales.
Resaltó que el 76 por ciento de las auditorias se hicieron en campo, es decir, no solo se trató de una evaluación documental sino que fueron llevadas a cabo en el lugar donde se aplicó el recurso público.
Como resultado de la fiscalización se determinaron 3 mil 93 acciones derivadas de la fiscalización, entre ellas:
• 893 solicitudes de aclaración;
• 229 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria;
• 619 pliegos de observaciones a entes estatales, de los cuales 461 se encuentran pendientes de solventar;
• 1,352 pliegos de observaciones a entes municipales, de los cuales 1 mil 75 permanecen sin solventar;
• Así como 1,613 recomendaciones, 323 en el ámbito estatal y 1,290 en el municipal.
Al finalizar, la Auditora Mayor subrayó que cada auditoría debe convertirse en una oportunidad para fortalecer los controles, mejorar la planeación, elevar la calidad del gasto público y consolidar una cultura de legalidad y rendición de cuentas.
Huerta Urquijo precisó ante los legisladores que la presentación de estos informes no significa la conclusión del proceso de fiscalización, ya que los entes auditados cuentan con un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del informe individual, para presentar información y documentación que permita atender las observaciones formuladas.
Posteriormente, el ISAF cuenta con un plazo de hasta 120 días hábiles, contados a partir de su recepción, para pronunciarse sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas.
Añadió que aquellas observaciones que no sean solventadas continuarán el procedimiento establecido en la legislación aplicable, las cuales se remitirán a la Unidad de Investigación del instituto, para su clasificación como faltas graves o no graves para el posterior inicio de procedimientos legales correspondientes.
La funcionaria declaró que si bien el proceso de la fiscalización continúa después de la entrega del Informe de Resultados ante el Congreso del Estado, proceso que culmina cuando las observaciones no solventadas y que fueron clasificadas como faltas administrativas graves se incluyen en los correspondientes Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y son remitidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora (TJA).
Finalmente, recordó que en los últimos 4 años que tiene su administración se han emitido 115 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
De ellos, el Tribunal de Justicia Administrativa ha emitido 34 sentencias, de las cuales 28 han sido condenatorias.
