El Senado de la República aprobó las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Calificada por la oposición como “Ley del Desamparo”, los cambios fueron avalados en lo general, con 83 votos de senadores Morena, PT y PVEM; y 38 votos en contra del PAN, PRI y MC. Mientras que en lo particular el dictamen fue aprobado por 81 votos a favor y 31 en contra.
La discusión se centró en el artículo tercero transitorio, que fue aprobado en San Lázaro y ratificado por los senadores oficialistas, donde se establece que las etapas procesales concluidas o que hayan generado derechos adquiridos se regirán por las disposiciones vigentes al inicio de los procesos respectivos; mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto quedarán sujetas a las nuevas reglas procesales.
De acuerdo con el dictamen, la modificación busca precisar que la reforma no tiene efectos retroactivos, pues “se trata de una ley procesal” que únicamente aplicará a actuaciones futuras y no afectará derechos adquiridos.
“Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, se indica en la reforma turnada al Ejecutivo Federal.
El senador morenista, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien introdujo en el dictamen original el transitorio con la retroactividad, rechazó que la ley tenga dedicatoria y sostuvo que su objetivo es modernizar los procedimientos judiciales para hacerlos más ágiles y eficaces.
“Se trata de una ley procesal. No hay retroactividad ni persecución política, sólo el propósito de garantizar que los juicios de amparo se desarrollen con mayor certeza jurídica”, apuntó.
Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano, consideró que las modificaciones solo son una “maroma legislativa”, que contradice las propias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 2 de octubre reconoció que la iniciativa original no contemplaba ese transitorio.
“Un nuevo artículo tercero transitorio que insiste en la aplicación retroactiva de la ley de desamparo, es decir, ignoran una vez más lo dicho por la presidenta de la República. Y lo que están proponiendo con este nuevo texto es que las disposiciones de las presentes reformas sean aplicadas a los asuntos que actualmente están en trámite”.
La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, calificó el nuevo marco legal como “Ley de Desamparo” y dijo se debilita al juicio de amparo, al restringir la suspensión de actos de autoridad y condicionar su procedencia a criterios más estrictos.
“Hoy queda más que claro que la supuesta corrección a la retroactividad fue una cortina de humo, una simulación para desviar temporalmente la opinión pública del perjuicio más grave que representa la reforma a la Ley de Amparo, que es cuando limita la suspensión del acto reclamado. El amparo, compañeras, compañeros, nació para poner un alto al abuso de poder.
Carolina Viggiano, del PRI, lamentó el proceso legislativo en fast track y lo calificó de “vergonzoso” al argumentar que las reformas restringen el interés legítimo, lo que impedirá que colectivos, comunidades indígenas, ambientalistas o personas vulnerables interpongan amparos.
“Por eso siguen con este asunto de la retroactividad para cobrar los créditos fiscales que están pendientes. Son casi 200 mil, imagínense, más de dos billones de pesos. Pero, ¿qué creen? De ahí prácticamente todos, salvo algunos, todos los demás, 190 mil, son de microempresas, de pequeños comercios”, subrayó.
