El Senado de la República aprobó este viernes la reforma que crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo mecanismo que buscará analizar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para identificar posibles riesgos relacionados con actividades delictivas.
La minuta, enviada previamente por la Cámara de Diputados, fue avalada en lo general y en lo particular con 83 votos a favor y 40 en contra, además de recibir dispensa de trámites legislativos. Tras su aprobación, el proyecto fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación.
La modificación contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y plantea establecer un sistema preventivo de revisión de perfiles tanto para candidaturas federales como locales.
La nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tendrá la responsabilidad de recibir, antes del registro oficial, los listados de personas propuestas por partidos políticos o aspirantes independientes que busquen competir en elecciones.
Uno de los puntos centrales de la reforma es que el análisis de perfiles se realizará en coordinación con instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y autoridades financieras, con el propósito de elaborar evaluaciones de riesgo sobre cada aspirante.
Entre las dependencias contempladas para participar en este esquema aparecen la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con el dictamen aprobado, dichas instancias deberán definir metodologías y criterios para revisar información disponible y detectar posibles relaciones con actividades ilícitas.
La reforma también establece que la entrega de información por parte de partidos políticos o candidatos independientes será de carácter voluntario, ya sea de manera parcial o total.
Sin embargo, con los resultados y análisis emitidos por la Comisión, cada fuerza política decidirá finalmente si mantiene o retira postulaciones de personas evaluadas.
El nuevo órgano deberá quedar formalmente integrado, instalado y operando antes del arranque del proceso electoral de 2027.
La propuesta generó debate entre legisladores de distintos partidos durante la sesión, especialmente por el alcance de las revisiones y la participación de organismos de inteligencia y seguridad en procesos relacionados con candidaturas electorales.
