Por Marcos Pérez Esquer
Hay una característica del actual gobierno que suele pasar desapercibida porque se manifiesta en asuntos aparentemente inconexos. Aparece en la educación, en la economía, en la seguridad pública, en los derechos humanos y hasta en la política energética. Sin embargo, todos esos casos tienen algo en común: la creciente incomodidad del poder frente a quienes miden la realidad.
Las sociedades modernas progresan porque desarrollan mecanismos para evaluarse a sí mismas. Medimos el PIB para saber si la economía funciona. Medimos la calidad educativa para saber si los estudiantes aprenden. Medimos la pobreza para identificar rezagos. Medimos la violencia para diseñar estrategias de seguridad. Medimos prácticamente todo porque aquello que no se mide difícilmente puede mejorarse. Pero México -o su gobierno- ha decidido ir contra toda medición.
Durante los últimos años desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Después surgió Mejoredu, un organismo dependiente del Ejecutivo que nunca logró consolidarse y que posteriormente también fue eliminado. Paralelamente se abandonaron mecanismos de evaluación docente y se debilitó la producción de información sobre el desempeño del sistema educativo. La consecuencia es alarmante: estamos perdiendo la capacidad de saber qué ocurre realmente en las aulas.
Lo más grave no es únicamente que existan problemas educativos. Todos los países los tienen. Lo preocupante es que parece existir una creciente resistencia ya no digo a solucionarlo, sin siquiera a conocerlos.
La reciente polémica sobre la información educativa es ilustrativa. Bajo una lógica difícil de comprender, la SEP ha llegado al extremo de considerar que los datos sobre el estado del sistema educativo ya no constituyen información de interés nacional, lo que le impide al INEGI publicar información al respecto. El absurdo es evidente: si la educación de millones de niñas, niños y jóvenes no es un asunto de interés nacional, entonces resulta difícil imaginar qué podría serlo.
Pero el fenómeno no se limita a la educación.
Cuando organismos internacionales expresan preocupación por la situación de los derechos humanos en México, la reacción suele ser descalificar al organismo antes que responder a sus observaciones. Ocurrió recientemente con las advertencias formuladas por instancias de la ONU respecto de las desapariciones forzadas.
Cuando agencias calificadoras advierten riesgos asociados a la deuda pública o a la situación financiera de Pemex, la respuesta oficial consiste en cuestionar la validez de los diagnósticos antes que discutir el fondo de los señalamientos.
Cuando organizaciones nacionales o internacionales presentan mediciones sobre corrupción, Estado de derecho, transparencia o seguridad, el debate se desplaza de los resultados hacia la supuesta legitimidad de quienes los producen.
El patrón es difícil de ignorar. Si los datos favorecen al gobierno, se presentan como prueba irrefutable del éxito de las políticas públicas. Si los datos contradicen la narrativa oficial, entonces los organismos son conservadores, neoliberales, intervencionistas, parciales o simplemente están equivocados. El problema es que la realidad no desaparece porque dejemos de medirla.
Un estudiante no mejora porque se eliminen los exámenes. Un hospital no funciona mejor porque deje de publicar indicadores. Una empresa no se vuelve más rentable porque esconda sus estados financieros. Y un país no resuelve sus problemas simplemente porque decida dejar de cuantificarlos. Por el contrario, la ausencia de mediciones suele beneficiar únicamente a quienes desean evitar la rendición de cuentas, a quienes prefieren la opacidad a la transparencia, la oscuridad a la luz.
Pero por algo las democracias modernas construyen instituciones autónomas, organismos técnicos y sistemas independientes de evaluación. No porque sean perfectos. Ninguno lo es. Sino porque ningún gobierno debería ser juez y parte respecto de su propio desempeño.
La historia demuestra que los regímenes autoritarios suelen debilitar los mecanismos que permiten verificar la realidad. Primero se desacreditan los datos incómodos. Después se cuestiona a quienes los producen. Más tarde se eliminan las instituciones que los generan. Finalmente sólo queda la versión oficial de los hechos. Así desapareció el sistema nacional de transparencia y su cabeza, el INAI. Ahora tenemos un pseudo sistema que no revela nada.
El progreso de la civilización ha sido, en buena medida, una historia de mediciones. Aprendimos a medir el tiempo, la temperatura, las enfermedades, la producción y el aprendizaje. Gracias a ello avanzamos. Renunciar a medir no es un signo de fortaleza. Es una confesión de temor frente a la realidad.
