A casi siete años de su detención en Venezuela, la familia de dos pilotos mexicanos denunció presuntas violaciones a derechos humanos, corrupción judicial y abandono institucional, al relatar que los jóvenes permanecen encarcelados sin sentencia tras un aterrizaje de emergencia provocado por fallas mecánicas y mal clima.
En entrevista con el noticiero Nuestras Noticias, Anette Rocha, hermana de Rafael Guadalupe, uno de los pilotos detenidos, explicó que el vuelo partió legalmente desde Chetumal con destino a Venezuela, bajo supervisión militar y con documentación en regla.
Sin embargo, una intensa tormenta obligó a la aeronave a descender en un aeropuerto que no operaba de manera regular, lo que detonó su detención inmediata por fuerzas militares.
De acuerdo con el testimonio, los pilotos fueron acusados de delitos relacionados con narcotráfico, pese a que inicialmente no se encontró nada ilícito en la aeronave.
La familia sostiene que, posteriormente, se les “sembraron” pruebas, luego de que un fiscal presuntamente intentara extorsionarlos con una exigencia de 500 mil dólares para limpiar el caso.
Tanto el fiscal como el juez involucrados habrían sido detenidos más tarde por actos de corrupción.
Los dos mexicanos, Rafael Guadalupe y su compañero Francisco Javier, han enfrentado más de 40 audiencias sin resolución, en un proceso que, según sus familiares, se ha reiniciado en múltiples ocasiones sin avances reales.
Actualmente, se encuentran recluidos en una instalación pequeña, sin servicios médicos ni alimentación adecuada, sobreviviendo con apoyo económico enviado por sus familias.
Ante la falta de respuesta de autoridades consulares y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las familias decidieron visibilizar el caso en redes sociales y analizan trasladarse a Guaymas para intentar acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira oficial.
“Ya no pedimos privilegios, solo justicia y que los traigan de vuelta a México”, expresó Anette Rocha, al subrayar que Venezuela ha comenzado a liberar a otros presos extranjeros y que este podría ser el momento clave para una intervención diplomática del Estado mexicano.
