Por Marcos Pérez Esquer
La 4T ha convertido la doble moral en una forma de gobierno. Esta misma semana sucedió algo que viene a confirmarlo: los audios recientemente difundidos de la
gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La propia mandataria ha reconocido que las conversaciones son auténticas, aunque sostiene que fueron producto de una trampa tendida por supuestos
intermediarios que decían representar a autoridades estadounidenses y que nunca acreditaron oficialmente esa representación.
Sin embargo, más allá de quién estuviera del otro lado de la línea telefónica, hay algo sumamente delicado: la disposición de la gobernadora a ofrecer información
derivada de las mesas de seguridad como moneda de cambio para resolver un problema estrictamente personal relacionado con la cancelación de su visa y las
investigaciones estadounidenses que presuntamente la involucran a ella y a su entorno familiar.
Las mesas de seguridad no son una tertulia política. En ellas se comparte información sensible sobre investigaciones, inteligencia, operativos, riesgos y
estrategias del Estado mexicano. Quienes participan en ellas lo hacen precisamente porque ocupan cargos públicos que exigen la máxima confianza
institucional.
Por eso el problema no solo es jurídico; es político, institucional, y sobre todo, ético.
La información reservada que administra la gobernadora no es parte de su patrimonio personal. No debería siquiera poder insinuar alguna disposición a
utilizarla para negociar su propia situación legal.
Quizá nunca se entregó información. Quizá todo quedó en una conversación. Eso parece. Pero, aun así, resulta perturbador que su reacción ante una posible
investigación extranjera haya sido plantear una negociación basada en el acceso privilegiado que le otorga el cargo. ¿Qué opinarán los militares en esa mesa?
La otra cosa igualmente sorprendente ha sido la reacción del oficialismo: mientras la oposición exige la separación inmediata de la gobernadora, diversos
funcionarios federales -García Harfuch entre ellos- han minimizado el contenido de los audios y han sostenido que no existen elementos suficientes para investigarla,
en tanto que la propia presidenta Sheinbaum desdeña el asunto descartando la posible comisión de un delito o la existencia de algún riesgo en su conducta.
Cuando se recuerda el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la doble vara resulta insultante.
A ella se le ha intentado construir un caso de “traición a la patria” por la presunta colaboración con la CIA para localizar y desmantelar un enorme narco-laboratorio.
Lo que aquí parece haberse presentado es un esquema de cooperación para combatir al crimen organizado.
En contraste, el asunto de Baja California plantea algo radicalmente distinto: la eventual utilización de información obtenida por
razón del cargo para intentar obtener un beneficio estrictamente personal.
Son escenarios completamente distintos. En uno, la colaboración internacional estaría orientada al combate de organizaciones criminales. En el otro, lo que se
discute es la posibilidad de poner sobre la mesa información sensible del Estado mexicano como parte de una negociación privada.
Sin embargo, la narrativa del oficialismo invierte totalmente las cosas. Quien pertenece a la oposición recibe inmediatamente las acusaciones más graves y los
calificativos más estridentes. Quien forma parte del oficialismo obtiene comprensión, explicaciones alternativas y el beneficio permanente de la duda.
Ya nos podemos imaginar lo que el gobierno federal y Claudia Sheinbaum estarían diciendo hoy, si los audios correspondieran a una gobernadora de oposición. Se
estarían desgarrando las vestiduras acusándola de vendepatrias.
Así, la bandera de la soberanía nacional se convierte en un argumento selectivo.
Se flamea cuando una opositora recibe apoyo internacional para combatir al crimen, pero se arría cuando una aliada ofrece vender información de inteligencia
a un gobierno extranjero para salvar su posición personal. Es el mundo al revés.
Lo cierto es que cuando los principios que enarbola un gobierno dejan de aplicarse de manera uniforme y comienzan a depender del interés partidista, el gobierno
deja de ser tal, para convertirse en facción. Eso es lo que tenemos hoy, un gobierno faccioso.
