Por Marcos Pérez Esquer
La Copa Mundial de Futbol debía ser, para México, una vitrina internacional. Una oportunidad para mostrar organización, infraestructura y cierta normalidad institucional.
Pero, apenas se encendían los reflectores cuando apareció también una vieja sombra: la CNTE centaveando.
Durante los días previos y al inicio del Mundial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantuvo movilizaciones, bloqueos y amenazas de intensificación que obligaron al gobierno a negociar, y a hacerlo rápido, porque el costo político de permitir que el conflicto empañara la fiesta mundialista podía ser muy alto.
Así las cosas, la pregunta es inevitable: ¿qué se entregó a cambio?
Diversas versiones han señalado que el gobierno habría comprometido alrededor de 800 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido que no se trata de recursos para los dirigentes de la CNTE, sino de dinero destinado a mejorar la educación en Oaxaca.
Muy bien. Supongamos, en principio, que así sea. Pero en democracia la palabra presidencial no sustituye a la rendición de cuentas.
Si son recursos públicos, si provienen de nuestros impuestos y si fueron anunciados en el contexto de una negociación política con un grupo de presión, el país tiene derecho a saber cuánto fue exactamente, con cargo a qué partida presupuestal, para qué conceptos, quién los ejercerá, cuándo se entregarán, bajo qué reglas de operación, con qué mecanismos de fiscalización y con qué indicadores de resultado.
No basta decir que el dinero “no será para los dirigentes”. Esa frase, por sí sola, no aclara nada. De hecho, es bien sabido que muchos privilegios sindicales nunca se entregan directamente a los dirigentes, sino a través de plazas, comisiones, basificaciones, cambios de adscripción, bonos, regularizaciones o mecanismos administrativos que terminan fortaleciendo su control político.
Por eso el problema ni siquiera termina en los 800 millones. Lo realmente preocupante es saber si hubo otros acuerdos. La historia reciente obliga a desconfiar.
La CNTE ya logró, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una contrarreforma educativa que desmontó avances importantes de la reforma de 2013.
Se eliminó la evaluación magisterial como instrumento serio de ingreso, promoción y permanencia; se canceló el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el órgano autónomo encargado de medir el desempeño del sistema educativo; y se devolvieron márgenes de influencia sindical sobre decisiones fundamentales de la vida magisterial, particularmente en materia de plazas.
No fue poca cosa. El Estado había empezado a recuperar la rectoría sobre la educación, y terminó devolviendo parcelas de poder a quienes durante años la han entendido no como un derecho de niñas, niños y jóvenes, sino como patrimonio personal.
Se dijo entonces que la reforma de 2013 era “punitiva”. Pero detrás de esa narrativa estaba la verdadera disputa: quién controla las plazas, quién decide los ascensos, quién administra la presión y quién cobra por levantar los bloqueos.
Por eso es indispensable saber si esta nueva negociación incluyó algo más que dinero. ¿Hubo compromisos sobre plazas? ¿Sobre basificaciones? ¿Sobre cambios de adscripción? ¿Sobre la eliminación de la USICAMM? ¿Sobre pensiones? ¿Sobre reglas educativas? ¿Sobre trato diferenciado para ciertas secciones sindicales?
El gobierno debe decirlo con claridad. No hacerlo equivale a pedirle al país un acto de fe, y la fe sirve para la religión, no para fiscalizar el presupuesto.
El punto no es negar el derecho de las maestras y los maestros a manifestarse.
Sus condiciones laborales importan, y mucho. Tampoco se trata de desconocer rezagos reales donde el Estado ha fallado históricamente. El punto es otro: la política educativa no debe decidirse bajo presión, entre bloqueos, plantones y amenazas de sabotear eventos internacionales.
México necesita maestras y maestros bien formados, bien pagados y respetados.
Pero también necesita un Estado que no se doble cada vez que un grupo de presión calcula bien el momento de apretar.
Si para obtener recursos opacos basta escoger una coyuntura sensible, la lección es que no estamos ante una política educativa sino ante una pedagogía del chantaje. Asignatura bien aprendida ya por ese magisterio militante.
