Por Marcos Pérez Esquer
Los informes de gobierno no mienten únicamente por lo que dicen. También pueden hacerlo por lo que callan.
El Segundo Informe de Claudia Sheinbaum está construido sobre una enorme acumulación de cifras: detenciones, decomisos, operativos, reuniones, capacitaciones, trámites, servicios, auditorías. El problema es que contar actividades no equivale a acreditar resultados. Detener personas no significa obtener sentencias; decomisar drogas no significa desarticular cárteles; celebrar miles de reuniones no fortalece por sí mismo a las policías locales; realizar búsquedas no resuelve la crisis de desapariciones. Pero lo más revelador del Informe no es lo que cuenta, sino lo que decidió ocultar.
En seguridad, por ejemplo, el Gobierno presume una reducción de 51% en los homicidios. Para ello, compara septiembre de 2024 con julio de 2026 y se concentra exclusivamente en la categoría de homicidio doloso. Lo que queda fuera de esa fotografía son las desapariciones y los llamados “otros delitos contra la vida”, precisamente las categorías que han mostrado incrementos extraordinarios en los últimos años. Esto es, mientras el homicidio registrado baja, otros delitos contra la vida y las desapariciones han crecido de sobre manera.
Lo que tampoco aparece en el relato triunfalista son las más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas que registra México a junio de este año. Mucho menos el hecho de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas encontró indicios bien fundados de desapariciones forzadas cometidas en el contexto de ataques generalizados o sistemáticos, incluso con posibles casos de complicidad o aquiescencia de autoridades. Mientras tanto, el Informe presume 6,679 acciones de búsqueda. ¿El resultado? Apenas 284 personas localizadas: 198 con vida y 86 sin ella. La desproporción habla por sí sola.
Otro gran ausente es el control territorial del crimen organizado. El Gobierno habla de coordinación con Estados y municipios, pero evita medir cuántos gobiernos locales están infiltrados, cuántas policías han sido capturadas o cuántas elecciones se celebran bajo amenazas criminales. Organizaciones de la Sociedad Civil han documentado más de 3,000 ataques, amenazas, secuestros, asesinatos y desapariciones contra actores políticos y gubernamentales desde 2018.
Tampoco se explica por qué, si supuestamente estamos fortaleciendo las instituciones civiles, personal de Marina ocupa actualmente 8 secretarías estatales de seguridad pública y 68 direcciones municipales. Eso no es fortalecimiento institucional; es mera sustitución.
En justicia ocurre algo similar. Se enlistan miles de servicios a víctimas, pero se omite que más de 2.6 millones de asuntos permanecen sin concluir en las fiscalías del país y que la reforma judicial aniquiló la independencia de la nueva Suprema Corte y del Poder Judicial completo.
En corrupción se presume el número de procedimientos administrativos, pero no se hace cargo del elefante en la habitación: el huachicol fiscal, las redes de empresas fachada, importadores, agentes aduanales, operadores logísticos y organizaciones criminales que la propia FGR ha reconocido.
Y tampoco se dice que la desaparición del INAI trasladó buena parte de las funciones de transparencia al propio Poder Ejecutivo, debilitando justamente la independencia del órgano que debía vigilarlo, lo que se ha traducido en opacidad y ocultamiento.
El Segundo Informe debe leerse entre líneas. Un gobierno puede escoger qué cifra presentar, qué periodo comparar y qué indicador convertir en titular, pero la realidad no se ajustará a ello y mucho menos desaparecerá.
A veces, los datos más importantes de un informe son precisamente los que decidieron dejar fuera.
