Por Marcos Pérez Esquer
Hay decisiones públicas que deben celebrarse, aunque lleguen tarde. La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio es una de ellas.
México necesita desde hace años una ley que homologue el tratamiento de esta expresión extrema de violencia contra las mujeres. Hoy existen diferencias entre entidades en tipos penales, agravantes, sanciones y capacidades de investigación. Una misma muerte violenta puede recibir tratamientos distintos dependiendo del lugar donde ocurra. Incluso en algún lugar un evento puede ser registrado como feminicidio y en otro como homicidio doloso.
Corregir esa dispersión es indispensable.
El problema es que apenas lo estamos haciendo en 2026. En septiembre de 2019, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de
Diputados, encabezado en este tema por la entonces diputada Adriana Dávila, presentó una iniciativa para expedir precisamente una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio.
Siete años después, el gobierno parece haber descubierto que era una buena idea. Y vaya que lo era. Tanto, que la iniciativa presidencial retoma buena parte de aquella propuesta. Ambas plantean una Ley General; buscan homologar nacionalmente las razones de género que configuran el feminicidio; establecen su imprescriptibilidad; restringen mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios; plantean fiscalías especializadas, y obligan a investigar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio.
La propuesta actual incorpora algunas mejoras. Eleva las penas, y desarrolla con mayor profundidad los derechos de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad; pero el molde fundamental estaba ahí desde 2019.
El problema es que entonces gobernaba Andrés Manuel López Obrador y la propuesta provenía del PAN. Y eso bastó para ignorarla.
El costo de ese sectarismo no puede medirse únicamente en años perdidos. Debe medirse también en vidas. Sólo durante 2025 las cifras oficiales registraron 696 víctimas de feminicidio en México. Y hablamos únicamente de los casos clasificados como tales por las fiscalías estatales, no de todas las muertes violentas de mujeres que eventualmente pudieron haber tenido razones de género.
No se puede saber bien a bien cuantos de esos casos pudieron haber sido prevenidos con una buena ley, bien implementada, pero tampoco se puede ignorar que durante estos siete años pudimos haber contado con mejores mecanismos de prevención, protocolos homologados, fiscalías especializadas, investigaciones con perspectiva de género y reglas uniformes en todo el país.
¿Cuántas mujeres pudieron haber sido protegidas a tiempo? ¿Cuántos antecedentes de violencia pudieron haberse detectado? ¿Cuántos feminicidas pudieron haber sido identificados, localizados y llevados ante la justicia? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que desperdiciamos siete años.
En su momento, cuando el gobierno faccioso de López Obrador tuvo frente a sí una propuesta útil para combatir el feminicidio, prefirió verla como una iniciativa de la oposición antes que como una herramienta del Estado mexicano.
Ahora Claudia Sheinbaum hace algo distinto. En lugar de bloquearla, como hizo su antecesor, básicamente retoma aquella idea, la actualiza, la amplía y la presenta como propia. Entre ambas actitudes, desde luego, prefiero la segunda: tratándose de salvar vidas, bienvenido sea el plagio político. Pero habría sido un buen gesto democrático e intelectualmente honesto reconocer el antecedente.
Las buenas políticas públicas no tienen partido. De hecho, debería ser habitual que un gobierno reconozca una buena propuesta de la oposición, la mejore y la convierta en política de Estado sin sentir que con ello concede una victoria al
adversario.
Por eso celebro que finalmente tengamos la oportunidad de construir una Ley General en materia de feminicidio. Ojalá sea una buena ley. Ojalá cuente con presupuesto suficiente. Ojalá profesionalice las investigaciones y ayude efectivamente a prevenir feminicidios y castigar a quienes los cometen.
Pero también ojalá aprendamos algo de estos siete años perdidos: cuando el sectarismo político impide reconocer una buena idea simplemente porque viene del adversario, quienes terminan pagando el costo no son los partidos, son las personas, y en este caso, muchas pagaron con la vida.
