Las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos en activo no son un hecho aislado ni improvisado, sino el resultado de investigaciones prolongadas que colocan a México en una “encrucijada entre soberanía y crimen organizado”, advirtió el especialista en políticas públicas y seguridad Víctor Félix.
Durante una entrevista en el noticiero Nuestras Noticias con Sergio Valle, el analista explicó que este tipo de procesos en el sistema estadounidense se sustentan en expedientes sólidos antes de llegar a tribunales.
“Lamentablemente, mi estimado Sergio, para todos los mexicanos, llegar a esta encrucijada entre soberanía y crimen organizado en la que está México, pues deriva de evidencias que han venido siendo construidas”, señaló.
Detalló que una acusación formal en una corte federal implica que previamente se integró un caso con testimonios, documentos y análisis de diversas agencias.
“Cuando una acusación es liberada en un tribunal norteamericano, es que el departamento de estado norteamericano y la propia corte está considerando que hay las evidencias suficientes de culpabilidad”, afirmó.
El especialista subrayó la gravedad del caso, al involucrar a figuras de alto nivel como un gobernador en funciones, un alcalde, un senador e incluso mandos militares y de seguridad.
“Los delitos no son menores y las personalidades involucradas en esta acusación tampoco”, dijo.
En contraste con el sistema mexicano, explicó que en Estados Unidos las agencias investigan y el fiscal únicamente acusa con base en un expediente ya robusto.
Esto cobra relevancia en el proceso de extradición, donde México deberá evaluar las pruebas bajo criterios del sistema legal estadounidense.
“La Fiscalía General de la República recibirá ese documento y tendrá que valorarlo de acuerdo al modelo de establishment penal norteamericano”, puntualizó.
Sobre la postura inicial de autoridades mexicanas que han cuestionado el caso, Félix consideró que desestimar la acusación sin conocer el expediente completo puede enviar señales negativas.
“Desestimar algo que no se conoce, se envía un mensaje negativo a las autoridades norteamericanas”, advirtió.
El análisis también apunta a escenarios complejos si no se atienden los mecanismos legales internacionales. Incluso, no descartó acciones más agresivas por parte de Estados Unidos bajo su marco jurídico actual.
“No puede soslayarse un escenario donde exista una extracción de personas que son considerados ahora por ellos fugitivos”, alertó.
En el plano interno, explicó que no todos los implicados pueden ser detenidos de inmediato, debido a protecciones legales por sus cargos. Algunos requerirían procesos políticos como desafueros o remoción del cargo antes de proceder.
Finalmente, el especialista destacó que los próximos 60 días serán decisivos para definir la postura del gobierno mexicano frente a Washington, en un contexto que también coincide con negociaciones económicas clave.
“Estos 60 días serán vitales porque determinará la posición del gobierno mexicano ante el gobierno de Estados Unidos”, concluyó.
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