Ante la magnitud de la crisis de desapariciones en México, Amnistía Internacional solicitó que el fenómeno sea reconocido como una emergencia nacional y respaldó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU mediante mecanismos internacionales.
En una carta dirigida al organismo de Naciones Unidas, la organización alertó que el país enfrenta más de 133 mil personas desaparecidas, junto con más de 72 mil cuerpos sin identificar y un índice de impunidad que alcanza el 99.6%, lo que refleja una problemática estructural persistente.
El documento destaca que, desde 2006, se concentra la mayoría de los casos registrados, además de señalar la existencia de miles de fosas clandestinas y más de dos mil colectivos de familiares que realizan labores de búsqueda ante la falta de respuestas institucionales.
Amnistía calificó como un momento clave la activación del Artículo 34 de la convención internacional, al considerar que abre la puerta a un escrutinio más directo sobre el actuar del Estado mexicano frente a una crisis que, acusa, ha sido minimizada en el discurso oficial.
La organización también cuestionó la narrativa que atribuye las desapariciones exclusivamente al crimen organizado, al advertir que existen indicios de participación o tolerancia de autoridades en diversos casos.
Entre sus principales llamados, pidió reconocer formalmente la gravedad del problema, garantizar la protección de familiares buscadores, especialmente mujeres, y permitir el acompañamiento técnico internacional para fortalecer las investigaciones.
Asimismo, alertó que cambios recientes en estructuras institucionales podrían limitar el acceso a la justicia y a la información, en un contexto donde la impunidad continúa siendo el principal obstáculo para esclarecer los casos.
