El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Vivienda que redefine la política habitacional del país y abre la puerta a que el gobierno participe directamente en la construcción y renta de casas, utilizando fondos de ahorro de los trabajadores.
Con 75 votos a favor de legisladores de Morena, PVEM y PT, y 36 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen fue avalado y enviado al Poder Ejecutivo Federal para su eventual promulgación.
La reforma establece un cambio relevante en el modelo de acceso a la vivienda, al permitir que instituciones públicas no solo financien, sino también desarrollen proyectos habitacionales. Esto incluye la posibilidad de construir viviendas destinadas tanto a la venta como al arrendamiento, con el objetivo de ampliar la oferta y atender el rezago en el sector.
Uno de los puntos más discutidos es el uso de los fondos de ahorro de los trabajadores, tradicionalmente administrados para créditos hipotecarios, que ahora podrán destinarse a esquemas de construcción impulsados por el Estado. Los defensores de la reforma argumentan que esto facilitará el acceso a vivienda digna y reducirá costos, mientras que la oposición ha advertido sobre posibles riesgos en el manejo de esos recursos.
La senadora Guadalupe Chavira, de Morena, defendió en tribuna la nueva Ley de Vivienda y rechazó que comprometa los recursos de las personas trabajadoras del Fovissste o del Infonavit, al aseverar que la subcuenta individual del trabajador está blindada y no se toca, ni desaparece el fondo de vivienda de más de 867 mil millones de pesos y tampoco se desequilibra el mercado inmobiliario.
Con esta reforma el modelo se transforma, se democratiza porque el acceso a la vivienda será más justo para todos y se enfrentará el rezago. Los recursos del Infonavit y del Fovissste son para las y los trabajadores de ese régimen y para nadie más”, expresó.
Por el contrario, la senadora Gina Gerardina Campuzano, del PAN, cuestionó que el dinero para la construcción de viviendas no saldrá del Gobierno, sino del ahorro de millones de trabajadores que asciende a 2.4 billones de pesos; “este dinero no es del gobierno, es el ahorro y el patrimonio de mexicanos que trabajan, se esfuerzan y ahorran”, añadió.
Mely Romero Celis, del PRI, celebró que en la norma se hayan introducido los siete elementos para una vivienda digna propuestos por ONU-Hábitat, pero acusó que se entregarán “las llaves de los ahorros de los trabajadores”, para que ese dinero fluya hacia una constructora estatal opaca.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, reconoció la intención de la reforma de fortalecer el derecho a una vivienda digna en México; sin embargo, advirtió que la modificación al artículo 56 abre la posibilidad para que se usen los fondos de los trabajadores del Estado para construir inmuebles sin haberles consultado al respecto.
El dictamen forma parte de una estrategia más amplia para atender la demanda habitacional en México, en un contexto de crecimiento urbano y encarecimiento del suelo. Con su envío al Ejecutivo, se espera que en los próximos días se defina su entrada en vigor y las reglas específicas para su implementación.
