El flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México ha encendido nuevas alertas, luego de que la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, reconociera públicamente la magnitud del problema y su impacto directo en la violencia del crimen organizado.
“Tenemos un enorme problema con el tráfico de armas de Arizona hacia México”, declaró la funcionaria, al referirse a investigaciones recientes que han derivado en cargos inéditos por “apoyo material al terrorismo” contra vendedores de armamento vinculados indirectamente con cárteles.
El caso marca un precedente en la persecución penal en Estados Unidos, luego de que un gran jurado reclasificara acusaciones contra comerciantes que inicialmente enfrentaban cargos por tráfico ilegal.
La nueva tipificación se sustenta en que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han sido designadas como grupos terroristas, elevando la gravedad de los delitos.
En paralelo, el gobierno mexicano mantiene una demanda civil en Arizona contra varias armerías, a las que acusa de vender armas con conocimiento de que terminarían en manos del crimen organizado.
Este litigio podría fortalecerse con los nuevos cargos impulsados por autoridades estadounidenses.
Las cifras reflejan la dimensión del fenómeno. De acuerdo con la Administración para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, cerca del 74% de las armas recuperadas en México provienen de estados fronterizos de Estados Unidos.
De ese total, autoridades de Arizona estiman que alrededor del 62% fue adquirido en su territorio.
El contexto legal en ese estado también juega un papel clave. La posibilidad de comprar y revender armas entre particulares sin mayores restricciones facilita que el armamento cambie de manos rápidamente, dificultando su rastreo y control.
Además de este caso, fiscales en Arizona investigan a decenas de personas acusadas de conspirar para traficar cientos de armas hacia México, en lo que podría convertirse en otro proceso emblemático si se incorporan cargos relacionados con terrorismo.
El reconocimiento oficial de esta problemática refuerza la presión binacional para frenar el flujo de armas que alimenta la violencia en México, en un escenario donde las implicaciones legales comienzan a escalar a niveles sin precedentes.
