La Cámara Minera de México (Camimex) lanzó un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que el caso de los mineros desaparecidos en Sinaloa no quede impune, luego de confirmarse la identificación de restos humanos pertenecientes a dos trabajadores del sector.
La organización demandó investigaciones a fondo, castigo a los responsables y condiciones reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.
La postura del organismo se dio a conocer este lunes, un día después de que familiares y autoridades de Zacatecas confirmaran que los restos de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores fueron localizados en fosas clandestinas de la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia.
Ambos formaban parte de un grupo de diez trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp que fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero.
De acuerdo con información difundida a nivel nacional, en la zona donde fueron encontrados los cuerpos podrían hallarse más de una veintena de restos, lo que ha encendido las alertas del sector minero y de organizaciones civiles.
Ante este escenario, la Camimex expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y extendió sus condolencias a los seres queridos de los trabajadores identificados hasta ahora.
En su pronunciamiento, la cámara empresarial subrayó que resulta inadmisible que la integridad de las y los trabajadores sea vulnerada bajo cualquier circunstancia, y sostuvo que las familias tienen derecho a una resolución que vaya más allá de cifras o comunicados oficiales, y que se traduzca en justicia efectiva.
Asimismo, el sector minero reiteró que la prioridad debe ser la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos, y aseguró que mantendrá un seguimiento puntual al actuar de las instituciones de procuración de justicia.
La Camimex afirmó que continuará acompañando a las familias afectadas y colaborando con las autoridades competentes hasta que se esclarezcan los hechos, se sancione a los responsables y se garanticen condiciones de seguridad para quienes desempeñan su labor en las zonas mineras del país.
