El analista en seguridad David Saucedo advirtió que el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría escalar a un conflicto bilateral con Estados Unidos, con implicaciones políticas, económicas y judiciales para México.
Durante una entrevista en el noticiero de Sergio Valle, el especialista señaló que, aunque en el discurso público la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adoptó una postura nacionalista frente a las acusaciones estadounidenses, en los hechos su gobierno ya comenzó a tomar decisiones que apuntan a permitir el avance de los procesos legales.
Saucedo explicó que la solicitud de licencia de Rocha Moya, así como los movimientos en torno a otros funcionarios señalados, reflejan que la posición política de los implicados “se volvió insostenible”. En ese sentido, consideró que el gobierno federal estaría buscando una salida negociada con Estados Unidos.
Uno de los puntos clave planteados por el analista es que México podría proponer que los acusados sean juzgados en territorio nacional en lugar de ser extraditados. Sin embargo, advirtió que esta opción enfrenta escepticismo debido a antecedentes donde casos de alto perfil no han derivado en sanciones contundentes.
El especialista delineó tres escenarios posibles: que los implicados sean procesados en México con la aceptación de Estados Unidos; que Washington insista en la extradición; o que, en caso de negativa mexicana, se detonen medidas de presión como sanciones comerciales, arancelarias o migratorias en el contexto de acuerdos como el T-MEC.
Además, alertó que el caso Sinaloa podría ser apenas el inicio de una investigación más amplia sobre presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado en distintas entidades del país. Entre los estados mencionados como foco de atención se encuentran Tamaulipas, Jalisco y San Luis Potosí.
En el plano político-electoral, Saucedo consideró que, pese a la gravedad de las acusaciones, no hay evidencia clara de que el escándalo esté afectando significativamente a Morena. Afirmó que el partido mantiene una base electoral sólida, impulsada en buena medida por programas sociales y políticas de bienestar, lo que podría amortiguar el impacto del caso en futuros comicios.
Finalmente, subrayó que la evolución del conflicto dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos días tanto en México como en Estados Unidos, y no descartó que surjan nuevos nombres de funcionarios bajo investigación, lo que ampliaría el alcance de la crisis política actual.
