El Congreso del Estado de Sonora sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió los límites legales del programa de vivienda impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo, al determinar que los municipios no pueden adjudicarse ni rentar inmuebles privados, aun cuando estén abandonados.
El diputado local René García explicó que la controversia constitucional fue presentada por el Poder Legislativo tras advertir que el reglamento municipal permitía intervenir propiedades consideradas en desuso.
“La Corte, por unanimidad, dijo que no específicamente en esa parte”, señaló al referirse al fallo.
De acuerdo con el legislador, el punto central del debate era la facultad sobre la propiedad privada.
“No pueden los municipios hacer eso, que no pueden adjudicarse los inmuebles y mucho menos rentarlos”, afirmó, al subrayar que esa atribución corresponde al Congreso del Estado.
García reconoció que el problema de viviendas abandonadas en Hermosillo es real y de gran escala, con estimaciones de miles de inmuebles en esa condición, pero insistió en que la solución debe mantenerse dentro del marco legal.
“La solución no es que el ayuntamiento se las apropie, se debe de comprarlas, primero debe haber un proceso legal conforme a la ley”, dijo.
El diputado advirtió que cualquier esquema fuera de la legalidad puede generar riesgos para los propietarios.
“Imagina que tú te vas fuera del país… y regresas y ya no hay casa”, ejemplificó, al insistir en la necesidad de certeza jurídica para las familias.
Finalmente, señaló que el tema seguirá en la agenda legislativa en conjunto con programas de vivienda impulsados a nivel federal y estatal, mientras se buscan alternativas para atender el abandono de inmuebles sin vulnerar la propiedad privada.
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