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Cuestionan imparcialidad del TEE por presuntos vínculos con entorno de Taddei

por Staff Sergio Valle

La Mesa de Unidad por la Democracia en Sonora acusó al Tribunal Estatal Electoral de comprometer su imparcialidad, al señalar presuntos vínculos laborales y políticos entre integrantes del organismo, el Instituto Estatal Electoral y personas cercanas a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los señalamientos fueron expuestos luego de que el Tribunal confirmó por unanimidad, en sesión del 13 de noviembre, la negativa del Instituto Estatal Electoral al cambio de denominación del PRD Sonora a Movimiento de Acción Ciudadana Sonorense.

La agrupación, integrada por representantes del PRI, PAN y PRD ante el IEE, cuestionó los antecedentes profesionales de la magistrada presidenta del Tribunal, Alejandra Velarde Félix, quien se desempeñó como coordinadora del Área de Presidencia del instituto local durante la gestión de Guadalupe Taddei.

También señaló a Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez, secretaria general en funciones de magistrada, quien en febrero de 2025 fue nombrada directora general de Actualización Normativa de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, entonces encabezada por Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE.

La Mesa incluyó en sus cuestionamientos a René Domínguez Acuña y Antonio Gutiérrez, identificados como proyectistas de la Presidencia del Tribunal, de quienes afirmó que fueron representantes de Morena durante el pasado proceso electoral. A juicio de la organización, estos antecedentes generan dudas sobre quiénes participan en la elaboración de las resoluciones electorales rumbo a los comicios de 2027.

El conflicto que detonó el pronunciamiento tiene su origen en la solicitud del PRD para modificar su denominación. El partido aprobó el cambio el 26 de julio y sostiene que lo hizo antes del inicio del proceso electoral; sin embargo, el IEE rechazó la modificación al considerar que se trataba de una reforma integral a sus estatutos presentada dentro de los 90 días previos al comienzo del proceso. El Tribunal confirmó esa decisión.

La Mesa sostiene que la legislación no establece ese plazo para cambiar el nombre de un partido y considera que la resolución vulnera el derecho de la militancia a decidir sobre su denominación. Por ello, expresó su respaldo al PRD para impugnar el fallo ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, exigió al Tribunal Estatal Electoral hacer pública la integración de sus ponencias y la trayectoria de su personal jurídico, así como establecer que quienes hayan representado a un partido se abstengan de elaborar proyectos relacionados con esa fuerza política o sus adversarios.

La organización afirmó que sus cuestionamientos se refieren a los antecedentes laborales y políticos de los funcionarios, y no a su género o capacidad profesional. Los señalamientos forman parte de una denuncia política de la oposición y no constituyen, por sí mismos, una resolución que acredite que las personas mencionadas hayan actuado para favorecer a algún partido.

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