Pocos saben que dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro opera un salón de belleza y peluquería, un servicio que en su momento generó polémica por el uso de recursos públicos y que hoy funciona bajo un esquema distinto, abierto incluso a la ciudadanía en general.
A diferencia de otros recintos legislativos, la Cámara de Diputados dejó de financiar este servicio con cargo al erario desde 2007, luego de una solicitud formal presentada por la entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva, la diputada panista María Elena Álvarez Bernal.
La legisladora argumentó que no existía justificación para destinar presupuesto público a un servicio de estética personal para diputados y diputadas.
En un documento fechado el 14 de junio de ese año, Álvarez Bernal expuso que el salón de belleza y la peluquería habían sido blanco de críticas recurrentes, por lo que propuso que los costos fueran absorbidos únicamente por quienes hicieran uso del servicio, sin impacto alguno en el presupuesto de la Cámara.
La medida buscó evitar afectaciones a los usuarios habituales, pero también atender los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
La propuesta fue respaldada por el grupo de trabajo encargado de revisar los aspectos éticos del funcionamiento legislativo, el cual concluyó que, si bien el servicio podía resultar práctico para los representantes populares, no existían razones para que la Cámara continuara erogando fondos para su operación.
Actualmente, la peluquería y estética de San Lázaro opera bajo un esquema subrogado y ofrece atención tanto a legisladores como al público en general.
Los precios son similares a los del mercado: los cortes de cabello para hombre rondan los 130 pesos, mientras que los de mujer alcanzan los 250 pesos.
También se brindan servicios adicionales como aplicación de tintes y peinados, los cuales han sido utilizados incluso por figuras de alto perfil, como el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
La historia del salón no ha estado exenta de episodios singulares.
En diciembre de 2016, el entonces diputado morenista Ariel Juárez Rodríguez presentó un oficio en el que expresó su inconformidad con el servicio de una de las peluquerías internas y solicitó autorización para que su estilista personal pudiera ingresar al recinto legislativo para atenderlo.
El documento generó comentarios dentro y fuera del Palacio Legislativo, al poner de nuevo sobre la mesa el debate sobre los privilegios, la ética y los límites de los servicios personales dentro de las sedes del Poder Legislativo.
Hoy, el salón de belleza de San Lázaro sigue operando, pero bajo reglas distintas a las de su pasado más cuestionado.
