La acusación por peculado contra el exsecretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero, carece de sustento jurídico y responde a una aplicación selectiva de la justicia, afirmó su abogado defensor, Otoniel Gómez Ayala.
De acuerdo con el litigante, el origen del caso se encuentra en un contrato celebrado desde sexenios anteriores con el Sindicato de Trabajadores de la Sección 54, mediante el cual se creó un fondo para cubrir indemnizaciones por accidentes, incapacidades y fallecimientos, integrado con descuentos vía nómina a los propios trabajadores.
“Ese dinero no es público, es dinero privado, propiedad de los trabajadores”, subrayó, durante una entrevista en el noticiero Nuestras Noticias.
Gómez Ayala explicó que el programa funcionó durante años sin observaciones, incluso con una opinión favorable del SAT en esquemas similares, hasta que tras la pandemia comenzaron retrasos en pagos por parte de la empresa administradora.
Fue el propio Guerrero, dijo, quien instruyó al comité técnico a presentar una denuncia por posible fraude contra la empresa, lo que detonó la investigación.
Sin embargo, la Fiscalía, en lugar de indagar el presunto faltante, enfocó el caso en la legalidad del contrato y en un supuesto desvío de recursos, pese a que el SAT nunca ha emitido créditos fiscales, auditorías ni requerimientos.
“El único que puede decir si hubo un error fiscal es el SAT, y no lo ha dicho”, recalcó.
El abogado reveló que el mismo esquema continuó operando tras la salida de Guerrero, primero con el depósito de recursos en una cuenta de la Secretaría de Hacienda estatal y después mediante un nuevo fideicomiso impulsado por el propio sindicato, con transferencias que alcanzaron al menos 92 millones de pesos.
Todo ello, aseguró, está documentado en la carpeta de investigación.
Para la defensa, el punto crítico es que Guerrero permanece en prisión preventiva mientras otros funcionarios y actores involucrados no han sido imputados o enfrentan el proceso en libertad.
“Si la fiscalía cree que hay delito, entonces debería ser para todos; si no lo hay, para nadie”, sostuvo Gómez Ayala.
El proceso se encuentra aún en etapa de investigación complementaria, con audiencias programadas en los próximos días y la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo.
Mientras tanto, la defensa insiste en que no se perdió un solo peso del fondo y que el caso evidencia una práctica de justicia selectiva que mantiene al exfuncionario privado de su libertad.
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