Esta semana, Los Angeles Times publicó señalamientos contra los gobernadores de 2 estados de la frontera norte, entre ellos Sonora, por presuntas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con el crimen organizado y el contrabando de combustible.
Ambos gobiernos negaron la información y la calificaron de falsa. Conviene decirlo con claridad desde el principio: un señalamiento periodístico no es un veredicto judicial, y a mí no me corresponde dictar sentencia. Pero medio siglo de servicio público me enseñó una verdad incómoda que hoy vuelve a estar sobre la mesa. La sospecha, una vez instalada en la opinión pública nacional e internacional, cobra factura.
Los gobiernos están para generar confianza, no para administrar sospechas. Cuando la duda sobre la relación entre el poder político y el crimen organizado llega a la prensa internacional, el daño deja de ser un asunto de imagen y alcanza la inversión, el empleo y la competitividad.
Pero quedarnos en la dimensión económica sería contar la mitad de la historia, porque detrás de cada episodio como este hay algo más profundo: un sistema de justicia y de rendición de cuentas que dejó de funcionar, y una estructura social que carga con las consecuencias todos los días.
Cuando la herida la señalan otros
Hay un detalle de esta historia que dice más que el reportaje mismo. Los señalamientos no surgieron de una fiscalía mexicana, ni de una auditoría, ni de un juez nacional; surgieron de un periódico extranjero que cita fuentes del gobierno de otro país.
Las revelaciones serias sobre el poder en México llevan años llegando desde afuera, y eso ocurre porque los contrapesos internos que deberían detectarlas y procesarlas están rebasados. Las cifras lo confirman con crudeza: el 93.2% de los delitos cometidos en 2024 nunca se denunció ni se investigó, y de cada 1,000 delitos apenas 8 alcanzaron una resolución de la autoridad.
Las víctimas que no denuncian lo explican sin rodeos: el 34.6% lo considera una pérdida de tiempo y el 14% desconfía de la autoridad o teme represalias. Cerca de 7 de cada 10 mexicanos perciben corrupción en sus jueces.
Frente a ese vacío institucional, la respuesta oficial sigue un guion conocido: defender, matizar, suavizar el tono y esperar a que la conversación cambie de tema.
Cada vez que un señalamiento serio se responde con descalificaciones en lugar de investigaciones, se confirma ante los ciudadanos que la rendición de cuentas existe en el papel y se diluye en la práctica.
Un país donde la verdad sobre el poder depende de la prensa o de las agencias de otro país tiene un problema de fondo que ningún comunicado puede maquillar.
Una sociedad que paga la factura todos los días
Este deterioro no se queda en los índices internacionales ni en los discursos; se vive en lo micro, en la rutina de las familias, mucho antes de aparecer en cualquier indicador macroeconómico.
Se vive cuando una madre calcula a qué hora debe regresar su hijo, cuando un comerciante paga cuota porque denunciar le parece inútil, cuando un transportista cambia de ruta por miedo y traslada ese costo al precio de los alimentos.
La inseguridad costó al país 269,600 millones de pesos en 2024, el equivalente al 1.07% del PIB, y a las empresas les costó 124,300 millones de pesos, con un promedio de 54,451 pesos por negocio. Detrás de esos números hay una vida cotidiana administrada por el miedo y una ciudadanía que aprendió a arreglárselas sin el Estado.
Ahí está el daño mayor. Una sociedad que no cuenta con garantías básicas de seguridad y justicia pierde solidez: baja la participación, se erosiona la confianza entre vecinos, el talento joven emigra y la informalidad se vuelve refugio.
La confianza entre ciudadanos e instituciones es el cimiento del contrato social y es también la base de cualquier economía que funcione. Cuando ese cimiento se agrieta, todo lo demás se encarece: el crédito, la inversión, el empleo y hasta la convivencia.
La factura llega también en inversión
En lo económico, la mecánica es precisa. Toda empresa que evalúa invertir en un país elabora antes un análisis de riesgo, un documento que pesa más que cualquier promesa oficial porque mide certidumbre jurídica, seguridad, calidad institucional y estabilidad de las reglas.
Cuando un medio de alcance internacional vincula a un gobierno estatal con el narco, ese señalamiento entra directo al expediente. México compite por las inversiones de la relocalización contra Vietnam, India y una veintena de destinos, mientras hacia adentro los estados libran su propia carrera: Sonora contra Nuevo León, Querétaro y Guanajuato.
En esa competencia, la certidumbre institucional vale tanto como la energía, el agua o la mano de obra calificada.
Las cifras ya registran la duda. México presumió un récord histórico de inversión extranjera directa, 23,591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, pero solo 1,705 millones, el 7.2% del total, corresponden a nuevas inversiones; el resto proviene de la reinversión de utilidades de empresas que ya operan aquí.
El capital que ya nos conoce decide quedarse, mientras el capital nuevo sigue dudando, y sus razones están documentadas: México obtuvo 27 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, en el lugar 141 de 182 países, el peor registro de toda la OCDE; cayó al sitio 121 de 143 en el Índice de Estado de Derecho; y los especialistas que Banxico consulta cada mes identifican la gobernanza como el principal obstáculo para crecer.
Lo señalé hace unas semanas al analizar la frontera que pierde empleo: las exportaciones récord conviven con municipios fronterizos que recortan personal. Durante la apertura comercial de México conversé con inversionistas que evaluaban instalarse en el país, y todos preguntaban lo mismo antes de firmar: si los contratos se cumplirían, si los tribunales eran confiables, si las reglas durarían más que un sexenio.
El capital lee instituciones antes que declaraciones, y esa lección sigue vigente en plena revisión del T-MEC.
Transparentar es la única salida
¿Qué haría un gobierno seguro de sí mismo ante un señalamiento internacional? Tres cosas concretas: abrir la información, incluidos contratos, licitaciones y evolución patrimonial de los funcionarios señalados; solicitar formalmente la intervención de los órganos de fiscalización y facilitar su trabajo sin obstáculos; y responder con hechos verificables en lugar de adjetivos.
Un gobierno sin nada que ocultar compite por demostrar su limpieza ante propios y extraños.
Propongo además un estándar permanente que trascienda esta coyuntura: declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses públicas y verificables para todo alto funcionario; auditorías externas a las dependencias de seguridad estatales; y protocolos de respuesta ante señalamientos internacionales, con plazos y responsables definidos. Nada de esto requiere reformar la Constitución. Requiere voluntad y oficio.
Los ciudadanos también tenemos tarea en esto. Exigir cuentas es ejercer un derecho, y los mexicanos merecemos saber la verdad venga de donde venga la pregunta. Cuando normalizamos que cada cuestionamiento se convierta en pelea, renunciamos a la herramienta más poderosa de una democracia: la rendición de cuentas.
La pregunta de fondo es si nuestras instituciones son capaces de confirmar o desmentir un señalamiento con credibilidad, sin esperar a que la verdad nos llegue desde afuera. Hoy esa capacidad está en duda, y esa duda nos cuesta crecimiento, inversión y empleos, pero sobre todo nos cuesta tranquilidad, garantías y cohesión. Una economía fuerte solo se construye sobre una sociedad que confía.
Mientras eso no ocurra, México seguirá pagando el precio más alto y menos visible de todos: el costo, económico y social, de la sospecha.
