Este viernes 12 de diciembre entró en vigor la Ley General de Aguas, publicada la víspera en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y se convierte en el instrumento reglamentario del artículo 4°, párrafo octavo, de la Constitución mexicana.
La nueva legislación establece las bases legales para garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, reconociendo su carácter esencial e interdependiente con otros derechos humanos.
Entre sus principales objetivos destacan:
Definir el contenido del derecho humano al agua y establecer disposiciones que aseguren su acceso equitativo y su uso sustentable.
Promover, respetar, proteger y garantizar este derecho conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México.
Distribuir competencias y regular los casos de concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en la tutela del agua.
Crear instancias, instrumentos y procedimientos para la participación ciudadana en la gestión equitativa y sustentable del recurso.
Garantizar el acceso equitativo y sustentable a los servicios públicos de agua y saneamiento, fortaleciendo las bases de su operación.
Incorporar perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria en las políticas públicas, para fomentar condiciones de equidad y promover una cultura del agua responsable.
La Ley General de Aguas representa un avance significativo en la gobernanza hídrica del país, al priorizar el consumo humano y doméstico por encima de otros usos, y al establecer mecanismos claros de participación ciudadana y coordinación intergubernamental.
Con su entrada en vigor, el Estado mexicano refuerza su compromiso constitucional de proteger este recurso vital y de garantizar su manejo sustentable, en un contexto de creciente estrés hídrico y cambio climático.
