La disputa por la operación y el financiamiento de las estancias infantiles en Sonora escaló a un nuevo nivel con el bloqueo del Congreso del Estado, en medio de señalamientos por presuntos incumplimientos legales, falta de recursos y una exigencia central: armonizar la legislación local con la reforma federal en materia de educación inicial.
En entrevista con el noticiero Nuestras Noticias, la presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, Lizeth Villalobos, explicó que el conflicto no es reciente y que se arrastra desde 2019.
“Desde el 2019 voy tocando puertas en el Congreso del Estado”, afirmó.
Sostuvo que la principal exigencia del movimiento es la homologación del artículo tercero constitucional, que establece la educación inicial como parte del derecho a la educación desde la primera infancia.
“Esta armonización es sumamente importante para todos los sonorenses porque es cómo se puede aperturar ese estado de derecho en la educación en la primera infancia”, señaló.
De acuerdo con su versión, los acuerdos legislativos y administrativos no han derivado en una ejecución efectiva de recursos. Aunque en 2023 se habrían etiquetado alrededor de dos millones de pesos, la dirigente aseguró que su distribución no correspondió a los beneficiarios originalmente contemplados.
“Curiosamente, nadie de la asociación puede acceder a ese recurso”, dijo.
La representante del sector acusó que los fondos terminaron en manos de un número reducido de guarderías privadas.
“Solamente diez guarderías del sector privado” habrían recibido los apoyos, una situación que, según afirmó, se ha repetido en años posteriores sin cambios sustanciales.
También expuso que cuentan con documentación legal y resoluciones de amparo que respaldan sus reclamos.
“Aquí tenemos cómo acreditar, ahí está todo el expediente”, aseguró, al señalar presuntos incumplimientos de acuerdos previamente firmados en mesas de trabajo con autoridades.
La dirigente afirmó que la reducción del número de centros educativos en la entidad es uno de los efectos más visibles del conflicto.
“En ese momento de la gestión eran 53 centros educativos. Hoy solamente son 25”, apuntó.
En su explicación, detalló que la operación de las estancias se sostiene mediante cuotas comunitarias y aportaciones internas, debido a la falta de apoyos públicos suficientes.
“Es una comunidad social en donde se recaudan fondos”, dijo, al advertir que esta situación ha derivado en el cierre de espacios.
Sobre las críticas que señalan motivaciones políticas detrás del bloqueo al Congreso, Villalobos rechazó esa versión y defendió la naturaleza del movimiento.
“Pues realmente por eso estamos aquí”, respondió, al tiempo que pidió claridad sobre el uso de recursos y la aplicación de la normativa vigente.
El conflicto se mantiene abierto y sin una mesa de diálogo formal reciente, mientras las estancias exigen la ejecución de acuerdos, la homologación legal y la entrega de recursos conforme a lo establecido en resoluciones previas.
