El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, y un grupo de exgobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) conformaron un frente de defensa en favor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al sostener que el proceso penal en su contra responde a una persecución política del gobierno federal y no a una investigación sustentada en pruebas.
Durante un pronunciamiento público realizado en Guadalajara, los exmandatarios panistas respaldaron a Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso judicial por los delitos de delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos y el llamado “huachicol fiscal”, acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR). Los participantes exigieron que el exgobernador pueda enfrentar el proceso en libertad y que se respeten plenamente sus derechos y garantías constitucionales.
Los integrantes del frente afirmaron que la actuación de las autoridades federales carece de elementos suficientes para justificar las medidas cautelares impuestas contra Ruffo y calificaron el caso como un intento de utilizar las instituciones de procuración de justicia con fines políticos.
Vicente Fox aseguró que Ernesto Ruffo representa una de las figuras históricas de la transición democrática en México y sostuvo que su trayectoria política no corresponde con los señalamientos que hoy enfrenta. En el posicionamiento conjunto, los exgobernadores manifestaron que el caso constituye un “atropello” y una “injusticia”, al considerar que no existen pruebas concluyentes que acrediten la responsabilidad del exmandatario bajacaliforniano.
Los panistas señalaron además que la investigación contra Ruffo se desarrolla en un contexto de creciente polarización política, por lo que hicieron un llamado para evitar que la justicia sea utilizada como un mecanismo de presión contra actores de oposición.
El respaldo surge después de que un juez federal determinó vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel junto con otros imputados, luego de una audiencia que se prolongó por más de 24 horas. Como parte de las medidas cautelares, el exgobernador quedó sujeto a prisión preventiva mientras continúa el desarrollo de las investigaciones.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Ruffo estaría presuntamente relacionado con una red dedicada al ingreso ilegal de combustibles al país mediante operaciones de contrabando y evasión fiscal. La investigación señala que la organización habría utilizado documentación falsa para importar hidrocarburos desde Estados Unidos, generando un importante daño a la hacienda pública.
Sin embargo, el exgobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que su participación se limitó a actividades relacionadas con trámites aduanales, por lo que niega haber intervenido en operaciones ilícitas.
En respuesta a los señalamientos del PAN, la FGR ha rechazado que exista una persecución política y sostiene que el expediente está sustentado en evidencia obtenida durante una investigación de largo alcance sobre una presunta red de contrabando de combustibles. La dependencia ha insistido en que el proceso se desarrolla conforme a derecho y que las imputaciones derivan de elementos probatorios recabados durante las indagatorias.
El caso ha provocado un nuevo enfrentamiento entre Morena y el PAN. Mientras la oposición acusa al gobierno federal de utilizar las instituciones de justicia para perseguir adversarios políticos, el oficialismo sostiene que las investigaciones forman parte de la estrategia para combatir el huachicol fiscal y la delincuencia organizada, sin importar la afiliación política de los involucrados.
