Este miércoles, se definirá el futuro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en una audiencia de continuación ante la jueza de Ejecución Penal del Reclusorio Norte, Ángela Zamorano Herrera.
El expriista, condenado a nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, busca la libertad anticipada tras cumplir más de la mitad de su sentencia, específicamente el 95% según su defensa.
La diligencia, que podría liberarlo hoy mismo y poner fin a su reclusión, incluirá la declaración del director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández Salas, sobre la conducta de Duarte.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) desplegará a seis testigos para bloquear el beneficio, argumentando pendientes como decomisos y reparación del daño.
La semana pasada, en una audiencia maratoniana de más de diez horas, la defensa presentó cinco testigos para acreditar buena conducta: Leticia Gárnica González (directora Jurídica del Reclusorio Norte), Francisco Javier Morales (encargado de Apoyo Penitenciario), Diego Quiroz Rodríguez (director de Sentenciados), Oswaldo González Rojas (exsubdirector del Reclusorio Norte) y Daniel Espinosa Espinosa (subdirector de Custodia).
Si se aprueba, Duarte saldría libre este mismo día, cinco meses antes de abril de 2026.
De lo contrario, permanecerá hasta completar la pena.La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, alertó sobre el riesgo de impunidad: “Javier Duarte 61 mil millones observados por la Auditoría Superior y 71 denuncias. El mayor caso de corrupción puede volverse el mayor caso de impunidad. Para evitarlo se requiere: recuperar lo robado, reparar a las víctimas y sancionar en serio”.
Duarte, prófugo en 2016 y extraditado de Guatemala en 2017, ha visto caer procesos por peculado, incumplimiento de deberes y desaparición forzada, aunque la FGR de Veracruz apeló este último.
Su defensa, liderada por Pablo Campuzano, insiste en que cumple todos los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, incluyendo reinserción y reparación.
La resolución de Zamorano Herrera podría marcar un hito en casos de alto perfil, equilibrando justicia restaurativa y prevención de la corrupción.
