Estudié la carrera de economía en la Universidad de Sonora. En aquellos años, nuestra universidad era un espacio vivo de formación, de reflexión y de compromiso con el futuro del estado. No teníamos la posibilidad económica de salir a universidades de prestigio nacional o internacional, y la Unison nos abrió una puerta que de otro modo habría permanecido cerrada.
Gracias al apoyo de las autoridades universitarias y del gobierno estatal, logramos traer a economistas nacionales e internacionales a los programas de verano de la Escuela de Economía, profesores que elevaron nuestro nivel académico y ampliaron nuestra visión del mundo.
Fui consejero técnico de la Escuela de Economía y presidente de la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC), una organización que promovía intercambios y becas entre México y otros países. Esa experiencia fortaleció mi convicción de que la educación es el camino más sólido para transformar cualquier realidad.
Con el esfuerzo de mis padres y una disciplina firme, terminé mi carrera en los primeros lugares de mi generación y obtuve una beca de la Organización de los Estados Americanos para realizar una maestría en Saint Louis University, Missouri. Fui el primer egresado de mi generación de economía de la Unison en obtener un posgrado en el extranjero.
Cuento esto porque la Universidad de Sonora representó para mí, y para miles de sonorenses, el instrumento de movilidad social más poderoso que existía. Y lo que hoy ocurre en esa institución me preocupa profundamente.
Dos huelgas, un solo problema
El 16 de abril de 2026, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) colocó banderas rojinegras en todos los campus. La huelga duró 21 días y dejó sin clases a más de 40,000 estudiantes en 6 ciudades: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Nogales, Caborca y Santa Ana.
Apenas se resolvió ese conflicto, el 15 de mayo estalló una segunda huelga, ahora del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS), con el voto favorable de 1,008 de sus 1,579 agremiados. Al momento de escribir este artículo, los campus siguen cerrados. No hay fecha de regreso a clases.
El STAUS exige un incremento salarial directo de 10.8% y un aumento de 5% en prestaciones. La rectoría ofrece 4% de incremento salarial, 1% adicional para los 2 niveles más bajos del tabulador y 0.96% en prestaciones.
El sindicato argumenta que los académicos han perdido aproximadamente 40% de su poder adquisitivo desde 1990. La cifra es verificable y el reclamo es legítimo. Pero la rectoría tampoco inventa su respuesta: sus recursos están acotados por un presupuesto que depende en gran medida de la Federación y del gobierno estatal.
Pensar que un rezago salarial acumulado durante 35 años puede resolverse en una negociación contractual anual resulta poco realista. Las revisiones ordinarias difícilmente corrigen una disparidad de esa magnitud. El problema requiere un mecanismo distinto, más profundo y de largo plazo.
Un problema que va mucho más allá de Sonora
La Unison refleja lo que viven las universidades públicas estatales en todo el país. Desde 2018, estas instituciones acumulan un déficit financiero de 50,400 millones de pesos, de los cuales 42,600 millones corresponden a las universidades estatales. El presupuesto federal aprobado para 2026 contempla un incremento de apenas 1.79% para las universidades estatales, una cifra que queda anulada frente a la inflación estimada de 3.5% y al deflactor del PIB de 4.8%.
En términos reales, las universidades públicas estatales recibirán 2.1% menos que el año anterior. Al menos 8 universidades públicas recibieron menos fondos en 2026 que en 2025, y 4 tuvieron que solicitar préstamos para pagar aguinaldos en diciembre pasado.
México invierte apenas 4,430 dólares anuales por estudiante de educación superior, 70% menos que el promedio de la OCDE, que asciende a 15,102 dólares. El gasto en educación superior acumula una caída real de 40% desde 2015. Y el presupuesto aprobado para 2026 ni siquiera contempla una política salarial para las universidades públicas, una omisión que se ha vuelto recurrente.
Durante décadas, las universidades públicas estatales formaron a los profesionistas que sostuvieron la administración pública federal en áreas clave del desarrollo económico, comercial y agropecuario. Llegaban con preparación sólida y enorme capacidad de adaptación.
Muchos se incorporaron al servicio público y dieron resultados extraordinarios. Eso se ha ido debilitando conforme el financiamiento universitario se deteriora. Como analicé la semana pasada sobre la inteligencia artificial aplicada a los sectores productivos, México necesita talento técnico y científico para competir en el mundo contemporáneo. Ese talento se forma en las universidades públicas.
Qué hacer: 5 ejes para un nuevo modelo
Las universidades públicas estatales no pueden seguir financiándose con presupuestos inerciales, insuficientes y sujetos a la negociación política de cada año. Se requiere un nuevo modelo nacional de financiamiento, transparente, de largo plazo y estable.
Primero, el presupuesto federal y estatal para las universidades debería actualizarse cada año conforme a la inflación, como mínimo. Ninguna institución puede planear seriamente si cada año recibe recursos que en términos reales valen menos que el año anterior.
Segundo, debe crearse un fondo nacional de fortalecimiento para las universidades públicas, financiado por la Federación y los estados, destinado a 3 objetivos: recuperación del poder adquisitivo salarial, modernización académica y tecnológica, e infraestructura educativa y científica.
Tercero, la recuperación salarial necesita un programa multianual de 5 a 10 años, con metas graduales y recursos etiquetados. No se puede resolver en una sola negociación lo que se acumuló durante 3 décadas.
Cuarto, el financiamiento debe vincularse a resultados, desde una visión de corresponsabilidad. Las universidades deben comprometerse con calidad académica, investigación pertinente, eficiencia administrativa, transparencia y vinculación con las necesidades productivas de cada región.
Quinto, los gobiernos estatales deben asumir que las universidades públicas son una palanca estratégica del desarrollo regional.
En el caso de Sonora, la Universidad de Sonora debe ser parte esencial del futuro económico del estado. Tenemos frente a nosotros temas que demandan formación de primer nivel: energía solar, agua, agricultura moderna, minería responsable, logística fronteriza, inteligencia artificial y comercio internacional.
La contradicción que México no puede sostener
México habla de reindustrialización, de nearshoring, de diversificación comercial con Europa, como ocurrió con la reciente modernización del tratado México-UE firmada la semana pasada. Habla de inteligencia artificial, de semiconductores, de transición energética. Pero al mismo tiempo mantiene a sus universidades públicas en una asfixia financiera que les impide formar a los profesionistas, técnicos, investigadores y científicos que esos proyectos necesitan.
Los países que hoy lideran la innovación y el crecimiento económico, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón, comparten algo fundamental: decidieron que sus universidades públicas son inversión estratégica, no gasto corriente. Corea del Sur invierte 4.8% de su PIB en educación pública; México destina 3.19%, el nivel más bajo desde 2018.
Esto es todavía más urgente para Sonora. Nuestra posición fronteriza, nuestra capacidad energética, nuestra minería estratégica, nuestra agricultura moderna y nuestra cercanía con Arizona y California nos colocan frente a oportunidades históricas. Pero sin universidades fuertes, modernas y bien financiadas, será muy difícil construir los cuadros profesionales y científicos que permitan convertir esas oportunidades en desarrollo real.
El verdadero desafío no es traer inversiones. El verdadero desafío es tener la capacidad humana, tecnológica, científica y profesional para sostenerlas y hacerlas crecer desde México.
Ese es el reto que la Universidad de Sonora, y todas las universidades públicas del país, necesitan que tomemos en serio. Con recursos, con visión y con la urgencia que 40,000 estudiantes sin clases nos exigen.
