El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales este 4 de diciembre de 2025, durante una sesión calificada como de “urgente resolución”.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca regular el acceso, distribución, uso y saneamiento del agua en México, con énfasis en combatir el acaparamiento de concesiones y priorizar el derecho humano al agua. La Cámara de Diputados la aprobó en lo general y particular tras casi 24 horas de debate (con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones), incorporando más de 50 modificaciones para atender demandas de campesinos y organizaciones sociales. La minuta fue enviada inmediatamente al Senado.
La sesión en el Senado inició después de las 16:00 horas. Se rechazó una moción suspensiva del PAN (27 votos a favor vs. 85 en contra) y se aprobó el trámite de “urgente resolución” con 83 votos a favor y 27 en contra, dispensando comisiones para discutir directamente en el pleno. Esto permitió un “fast track” impulsado por Morena y aliados (PT, PVEM).
La minuta fue aprobada en el Senado con 85 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. La votación refleja la mayoría oficialista (Morena y aliados) frente a la oposición (PAN, PRI, PRD), que acusó concentración de poder en el gobierno federal y “traición” al campo mexicano.
Tras la aprobación en lo general, la discusión pasó a lo particular, enfocándose en reservas y artículos específicos. Fuentes indican que el proceso podría culminar en aprobación total esta misma noche o en la madrugada del 5 de diciembre, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones (15 de diciembre).
Senadores como Ricardo Anaya (PAN) y Kenia López Rabadán criticaron el “fast track” por falta de consenso y riesgo de inseguridad jurídica para agricultores. Acusan que la ley criminaliza prácticas tradicionales y favorece el control centralizado.
Figuras como Adán Augusto López (Morena) y Gerardo Fernández Noroña defendieron la reforma como un freno al “mercado negro del agua” y protección de derechos, destacando ajustes por foros ciudadanos.
Si se aprueba sin modificaciones, se enviará al Ejecutivo para publicación en el Diario Oficial de la Federación.
