México dio un paso clave hacia un modelo de desarrollo más sostenible con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca transformar la forma en que se producen, consumen y gestionan los residuos en el país.
El decreto, vigente desde el martes 20 de enero, establece como objetivo central alargar la vida útil de los productos, reducir la generación de desechos y fomentar su recuperación, aprovechamiento y valorización.
Con ello, se pretende transitar de un esquema lineal de “usar y desechar” hacia uno circular, donde los materiales se reintegren al ciclo productivo.
La ley define un esquema de coordinación entre la Federación, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Para ello, se creará el Sistema Nacional de Economía Circular, que estará encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrado por dependencias clave como Economía, Hacienda, Energía, Educación Pública, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como representantes de cada entidad federativa.
Además, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días naturales para emitir el o los reglamentos que harán operativa la nueva legislación.
A partir de la publicación de dichos reglamentos, se deberá presentar en el DOF el Programa Nacional de Economía Circular, instrumento que concentrará políticas públicas, subprogramas y proyectos alineados a este modelo.
Entre las novedades destaca la creación de un distintivo nacional que permitirá identificar productos que cumplen con los principios de la economía circular. Este sello brindará información clara y verificable a los consumidores, tendrá una vigencia de tres años y podrá renovarse.
La ley también impacta directamente en la gestión de residuos.
Los rellenos sanitarios autorizados deberán iniciar, a partir de ahora, un proceso gradual de reconversión con un plazo de hasta cinco años, con el objetivo de reducir la disposición final de desechos y alinearse al Modelo Nacional de Economía Circular.
Con este decreto, además, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, consolidando un marco jurídico que apunta a cambiar de fondo la política ambiental del país.
