En México, analistas, politólogos, economistas y sociólogos coinciden: necesitamos profesionalizar el servicio público en todos sus niveles. No como aspiración retórica, sino como condición para construir una planeación estratégica nacional que impulse el crecimiento económico, garantice la estabilidad política en la pluralidad, fortalezca la democracia y acelere el desarrollo social.
Durante décadas, esta ha sido la preocupación central de los gobiernos y de quienes aspiran a formar parte de ellos. Sin embargo, más allá de las buenas intenciones y sin importar el signo ideológico, la mayoría de las administraciones han privilegiado lealtades y compromisos políticos por encima de perfiles capaces, preparados y comprometidos con el servicio a la nación.
No todos buscan en el sector público solo un mejor nivel de desarrollo profesional o mejores ingresos acordes a su preparación. Pero lo que hemos visto en los últimos años, y debemos decirlo con franqueza, es que se ha valorado más el compromiso político que la capacidad técnica, justo cuando el entorno nacional e internacional demanda los mejores cuadros formados en nuestras universidades y tecnológicos.
Estos profesionales existen. Los tenemos. Pero son dejados a un lado para privilegiar relaciones personales y compromisos de grupos o personas con cargos públicos.
Las excepciones que confirman la regla
Reconozco que en ciertas áreas muy específicas, que demandan gran especialización, como las finanzas públicas y la planeación financiera del país, sí se ha tenido cuidado en definir perfiles adecuados. Estas áreas requieren una revisión constante a la luz de los nuevos compromisos y retos financieros de la nación. En el área financiera, efectivamente, ha habido mayor rigor en los últimos años.
Pero fuera de ese perímetro, la historia cambia.
En áreas críticas como el desarrollo social, se ha privilegiado el subsidio o el gasto social con fines políticos por encima de soluciones de fondo a los dos grandes retos de México: crecer y disminuir la pobreza. Según datos del Coneval, en 2022 el 43.5% de la población mexicana vivía en situación de pobreza (Coneval, 2023).
Las políticas asistencialistas no han logrado revertir esta tendencia estructural porque no atacan las causas, solo administran síntomas.
Más grave aún: en áreas técnicas fundamentales para el desarrollo, como la económica y la de comercio e inversión, los mejores perfiles para construir relaciones comerciales multilaterales, binacionales o trilaterales no son tomados en cuenta.
Son vistos como competidores de un proyecto político, no como contribuyentes a un proyecto nacional de desarrollo sustentado en democracia abierta, libertad e interdependencia con el mundo.
Esto no es solo ineficiencia. Es un desperdicio estratégico en un momento en que México podría capitalizar el nearshoring, fortalecer su posición en el T-MEC y diversificar sus relaciones comerciales globales.
El momento de repensar la estructura
A la luz de las transformaciones geopolíticas que estamos presenciando, particularmente en Estados Unidos y otras regiones clave, y considerando nuestras relaciones fundamentales con Estados Unidos, Canadá y América Latina, México tiene que pensar en construir o reconstruir su estructura de gobierno en todos los planos.
Esto implica entender que, independientemente de los compromisos y lealtades, hay que construir un país para el futuro. Con los jóvenes que son el futuro. Con los más preparados, que muchas veces son absorbidos por el extranjero o el sector privado, donde encuentran mejores oportunidades y reconocimiento a su talento. El gobierno tiene la responsabilidad de integrarlos en tareas fundamentales, bien remuneradas en la medida de sus capacidades.
Inclusive si acudimos a la teoría política de izquierda, que no necesariamente representa el mejor modelo de libertad y democracia para todos, Marx planteaba: “De cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad”.
Creo entender a qué se refería: darle a cada quien lo que necesita y aprovechar de cada quien lo que es capaz de dar en beneficio de una sociedad y un proyecto colectivo. Que generaciones políticas hayan tergiversado o utilizado este pensamiento para adecuarlo a sus necesidades y estrategias es comprensible, pero no invalida el principio fundamental: reconocer mérito, capacidad y aportación.
Este principio aplica tanto en la iniciativa privada como en el servicio público. Darle a cada quien lo que merece según su preparación y capacidad para construir el futuro no es capitalismo salvaje ni elitismo. Es justicia, eficiencia y sentido común.
Hay múltiples expresiones similares en la modernidad, en el capitalismo y en la socialdemocracia. Todas apuntan a lo mismo: una sociedad libre da a cada quien lo que merece. Y en reciprocidad, cada quien debe dar lo mejor de sí para construir el país que merecemos.
Un llamado sin colores
Este artículo pretende ser una reflexión honesta sobre lo que está pasando. Creo que este es el momento adecuado para dejar atrás divisiones y prejuicios ideológicos. No podemos perder más tiempo mientras el mundo avanza y las oportunidades se cierran.
Construir un país y un gobierno responsable con las mejores personas, preparadas nacional e internacionalmente para dirigir los destinos de México, no es una posición de izquierda o de derecha. Es una posición de país.
La pregunta no es si podemos darnos el lujo de profesionalizar el servicio público. La pregunta es si podemos darnos el lujo de no hacerlo.
