La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno proteja a funcionarios o políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado y aseguró que cualquier investigación o detención debe sustentarse en pruebas y en el debido proceso establecido por la ley mexicana.
La mandataria respondió a los señalamientos emitidos desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve mexicanos requeridos por autoridades estadounidenses.
Enfatizó que en México existe un sistema penal basado en la presunción de inocencia y criticó a sectores de oposición y analistas que, dijo, dan por ciertas acusaciones sin que existan resoluciones judiciales.
“No vamos a cubrir a nadie, pero deben existir pruebas, no dichos ni especulaciones”, sostuvo la titular del Ejecutivo al insistir en que cualquier acción legal debe derivarse de investigaciones formales y órdenes emitidas por jueces.
También reaccionó a la entrega voluntaria ante autoridades estadounidenses de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, cuyos casos han sido utilizados por críticos del gobierno para cuestionar posibles vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.
Frente a ello, defendió la actuación de su administración y recordó que en distintos estados del país ya se han detenido alcaldes y funcionarios tras investigaciones sustentadas con evidencias.
Como ejemplo, mencionó el caso de autoridades municipales investigadas en Jalisco y Teuchitlán, donde, afirmó, las detenciones se realizaron únicamente después de integrar carpetas de investigación y obtener órdenes judiciales.
La mandataria reiteró que México colaborará con Estados Unidos cuando existan elementos legales suficientes, pero rechazó que se pretenda instalar la narrativa de que el gobierno federal mantiene pactos con organizaciones criminales.
“Nosotros no tenemos pactos criminales con nadie”, declaró Sheinbaum, quien además aseguró que su gobierno seguirá actuando con base en pruebas, investigaciones y procedimientos legales, sin responder a presiones mediáticas o políticas.
Las declaraciones se producen en medio de una creciente atención internacional sobre presuntas redes de corrupción y narcotráfico en Sinaloa, así como por el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.
