Durante la conferencia matutina de este lunes, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, abordó el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el de otros nueve funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La funcionaria explicó que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de detención provisional con fines de extradición, lo que implica un procedimiento distinto dentro del marco legal mexicano.
Alcalde Luján detalló que, conforme al sistema penal en México, para que un juez pueda librar una orden de aprehensión es indispensable que se aporten datos de prueba suficientes que permitan acreditar tanto la probable responsabilidad del señalado como la existencia de un delito.
En ese sentido, precisó que la solicitud recibida carece de elementos que justifiquen una acción inmediata, particularmente en lo relativo al criterio de urgencia. Por ello, la Fiscalía General de la República determinó que no existen condiciones para ejecutar una detención en este momento.
La consejera jurídica también aclaró que una solicitud formal de extradición debe cumplir requisitos específicos establecidos en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos, como la presentación por vía diplomática, la descripción del delito, una orden de aprehensión vigente y pruebas que sustenten la acusación.
Indicó que, en caso de que se acreditara la urgencia en una solicitud de detención provisional, podría proceder una medida cautelar, lo que abriría un plazo de hasta 60 días para que el país requirente formalice la petición de extradición.
