La discusión sobre la nueva Ley General de Aguas entró en una fase decisiva y también en su punto más sensible: los temores de campesinos, ejidatarios y sectores productivos de perder derechos adquiridos.
En entrevista para Nuestras Noticias, el diputado federal de Morena por Sonora, Jacobo Mendoza, buscó despejar dudas de fondo.
“A nadie se le va a quitar nada y a nadie se le va a despojar de su agua”, aseguró, mientras el dictamen avanza en la Comisión de Recursos Hidráulicos rumbo a su votación en el pleno.
Mendoza explicó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum crea por primera vez una Ley General de Aguas para reglamentar el derecho humano al líquido, establecido en el artículo 4º constitucional.
El nuevo ordenamiento, dijo, recupera la rectoría del Estado y ordena la distribución de facultades entre federación, estados y municipios, mientras que la Ley de Aguas Nacionales se modifica en más de 50 artículos relacionados con el régimen de concesiones.
Sobre los puntos que generaron mayor polémica (la herencia de concesiones y la posibilidad de vender tierra sin perder el derecho al agua) el diputado afirmó que ambos temas quedaron “blindados”.
Citó el artículo 49 del proyecto para aclarar que el binomio tierra-agua se conserva, quien compre un predio recibirá también el derecho de uso de agua y un nuevo título a su nombre con las mismas condiciones del original.
Lo mismo ocurre en sucesiones. El artículo 37 garantiza la reasignación del volumen correspondiente sin cambios de uso ni reducciones.
Otra inquietud frecuente ha sido la supuesta retroactividad. Mendoza rechazó esta versión y señaló que el tercer transitorio protege todos los trámites en curso, se resolverán conforme a la normatividad vigente al momento en que fueron presentados.
Lo que sí cambia, enfatizó, es el combate al uso ilícito del agua.
“Se detectaron 52 mil títulos agrícolas usados para campos de golf, hoteles y balnearios; eso se va a acabar”, aseveró.
¿Qué pasará con la minería?
El legislador también respondió al llamado de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), que alertó sobre riesgos para las operaciones mineras por el artículo 118.
Mendoza aseguró que ningún sector productivo será frenado, pero sí regulado, y que las minas deberán cumplir con el tratamiento y saneamiento de sus aguas para evitar daños ambientales.
En cuanto al crítico estado de los organismos operadores municipales de agua, el diputado señaló que la nueva ley les da personalidad jurídica clara y bases para profesionalización, coordinación y fortalecimiento institucional.
El dictamen, añadió, será enviado a estados y municipios para armonizar sus legislaciones y diseñar políticas públicas hídricas de largo plazo.
Destacó que la ley también reconoce a comunidades indígenas como concesionarias, permitiéndoles regirse bajo sus sistemas normativos.
El proceso incorporó más de 450 propuestas durante foros y mesas de debate y las principales inquietudes de campesinos y ejidatarios (perder concesiones, heredar derechos o transmitirlos) fueron plenamente atendidas.
La ruta legislativa continúa hoy con discusión en comisiones.
Si avanza, dijo el diputado, México entraría en “una nueva etapa para ordenar y regular el uso del agua”, con tres principios rectores: garantizar el derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado y ordenar el régimen de concesiones para evitar acaparamiento, abuso y corrupción.
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