Tras una audiencia inicial que se prolongó por aproximadamente 15 horas, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El expriista permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México, donde ingresó la noche del lunes tras ser detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la ciudad de Chihuahua.
Durante la diligencia, realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas de que Duarte Jáquez encabezó un esquema de desvío de 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda estatal durante su gestión (2010-2016).
Según la acusación, los recursos públicos se canalizaron mediante la simulación de apoyos al sector ganadero hacia empresas familiares.Las compañías señaladas son Unión Ganadera Regional “División del Norte” y Financiera División del Norte, en las que Duarte aparecía como socio mayoritario, así como Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponía El Parral, donde su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, era socia mayoritaria y representante legal.
La FGR destacó la participación de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y tesorero de las empresas involucradas, como colaborador clave en el esquema.
En las primeras horas de la audiencia, que comenzó poco después de las nueve de la mañana del martes, la jueza de control María Jazmín Ambriz López desechó la solicitud de la defensa para invalidar la orden de aprehensión girada en mayo de 2024.
El abogado del exgobernador solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 horas para resolver su situación jurídica, por lo que el próximo sábado se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que se definirá si Duarte Jáquez enfrenta juicio formal por el delito de lavado de dinero.
Con esta resolución, el exmandatario chihuahuense se suma a la lista de exgobernadores priistas que han enfrentado procesos penales por presuntos actos de corrupción durante sus administraciones, en un caso que la FGR considera parte de una red de desvío de recursos públicos.
