Familiares de personas privadas de la libertad en el Cereso de Hermosillo realizaron una manifestación para denunciar retrasos en los procesos judiciales, sobrepoblación en el penal y presuntas irregularidades en detenciones relacionadas con narcomenudeo.
En entrevista con el periodista Sergio Valle para el noticiero Nuestras Noticias, Laura Valencia, integrante del colectivo Todos Somos Uno, explicó que la protesta comenzó con una marcha desde la Emiliana Plaza hacia distintas instancias gubernamentales, luego de que no obtuvieran respuesta a sus demandas.
Según relató, una de las principales inconformidades es la lentitud de los juicios.
Afirmó que algunas audiencias pueden tardar entre año y medio y dos años en programarse, lo que mantiene a muchos imputados en prisión preventiva durante largos periodos sin sentencia.
Valencia aseguró que el penal enfrenta un problema grave de sobrepoblación. De acuerdo con los datos que mencionó el colectivo, el centro penitenciario tiene capacidad aproximada para 2,500 personas, pero actualmente albergaría cerca de 7,000 internos.
Esto representa casi el triple de su capacidad, una situación que, dicen, agrava las condiciones de quienes se encuentran en proceso judicial.
Durante la entrevista, la activista también denunció supuestas prácticas irregulares en algunos arrestos por narcomenudeo, donde, según señaló, se estarían agregando cantidades mayores de droga a los detenidos para configurar delitos más graves.
Relató que su propio hijo fue detenido por policías estatales y acusado de narcomenudeo, cuando en realidad, aseguró, solo era consumidor.
Posteriormente, el caso obtuvo una suspensión condicional y el joven continuará su proceso fuera de prisión bajo medidas cautelares.
Valencia afirmó que existen otros casos similares dentro del penal, en los que familiares sostienen que las acusaciones no corresponden con los hechos o que se agregaron elementos en las denuncias.
Mesas de diálogo con autoridades
Tras las manifestaciones, representantes del colectivo sostuvieron reuniones con autoridades del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, así como con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y de la Defensoría Pública.
En estas mesas se acordó revisar caso por caso las denuncias presentadas por los manifestantes, particularmente aquellos donde aseguran contar con pruebas de inocencia o inconsistencias en los expedientes.
Los familiares señalaron que continuarán presionando a las autoridades para que se respeten los plazos legales y se aceleren los procesos judiciales, con el objetivo de evitar que personas pasen años en prisión antes de que se determine su situación jurídica.
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