A 16 años del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niñas y niños y dejó decenas de menores lesionados, los padres de las víctimas expresaron su indignación tras la reducción de condenas a los responsables, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Patricia Duarte y José Francisco Quintana, padres del menor fallecido Andrés Alonso y representantes de la Asociación Cinco de Junio, denunciaron que “la corrupción en el Poder Judicial se encuentra enraizada”, ya que la mayoría de los implicados han sido absueltos o han logrado dilatar la justicia mediante recursos legales.
Tras la tragedia del 5 de junio de 2009, inicialmente se procesó a 32 personas, incluyendo funcionarios de los tres niveles de gobierno.
La lista se redujo a 22, con algunos absueltos por sentencia, sobreseimientos o perdón de los ofendidos. En mayo de 2016, el Juez Primero de Distrito en Hermosillo sentenció a 19 de ellos con penas de 20 a 28 años y 5 meses.
Sin embargo, tras amparos y apelaciones, en marzo de 2018, el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito solicitó a la SCJN revisar el caso por su relevancia nacional e internacional.
En abril de 2022, la SCJN resolvió reducir penas y exonerar a varios procesados, y el Tercer Tribunal Unitario emitió nuevas sentencias entre abril y mayo de ese año.
Actualmente, solo 10 personas permanecen sentenciadas: Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios de la guardería, con 5 años y 7 meses cada uno, enfrentan órdenes de reaprehensión; Roberto Copado Gutiérrez, de Protección Civil municipal, con la misma pena; Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora, con 5 años y 7 meses, cumplió su condena en domicilio; Fausto Salazar Gómez y Jorge Luis Melchor Islas, de la Secretaría de Hacienda, con 5 años y 7 meses, y 4 años y 9 meses, respectivamente; Martín Francisco Lugo Portillo y Arturo Dávila Pacheco, del Departamento de Bomberos, con 5 años y 7 meses cada uno; Arturo Torres Escalante, de la bodega de Hacienda, con 4 años y 9 meses; y Nohemí López Sánchez, del IMSS, con 8 años y 10 meses, quien se entregó voluntariamente en junio de 2024.
Los padres denunciaron que en 2024 aún enfrentan trabas burocráticas, como un conflicto de competencia (29/2023) sobre qué juez ejecutaría las sentencias, resuelto el 29 de abril de 2025 por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Quinto Circuito en Baja California, pero notificado a las familias hasta el 28 de mayo.
“Nos enteramos con fecha 28 de mayo del presente año”, expresó Patricia Duarte.
La resolución, firmada por la magistrada Alba Lorenia Galaviz Ramírez, asignó al Juez Primero de Distrito la ejecución de sanciones como multas y suspensiones, pero trasladó la competencia sobre las penas de prisión al Juzgado de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en Ciudad de México.
Duarte y Quintana hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que les otorgue una audiencia y revise los avances del caso, así como la implementación de la Ley 5 de Junio.
También invitaron a la ciudadanía a participar en una manifestación este 5 de junio a las 18:00 horas, desde las ruinas de la Guardería ABC hasta las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, donde emitirán un manifiesto a la nación.
