Un diagnóstico nacional realizado por la organización Causa en Común colocó a las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Sonora entre las peor evaluadas del país en cumplimiento legal, profesionalización y transparencia.
Durante una entrevista en el noticiero Nuestras Noticias con el periodista Sergio Valle, los investigadores Nancy Angélica Canjura y Azael González detallaron que la evaluación, basada en solicitudes oficiales de transparencia, reveló incumplimientos estructurales tanto en corporaciones policiales como en el sistema penitenciario y la Fiscalía estatal.
La Policía Estatal de Sonora obtuvo una calificación de menos 54, mientras que la Policía Municipal de Hermosillo registró menos 57, resultados que reflejan incumplimientos en aspectos básicos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Eso significa que apenas cumple con la mitad de lo que establece la ley”, explicó Canjura sobre la evaluación aplicada a la corporación estatal.
El análisis revisó criterios como carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social, certificación, perspectiva de género y protocolos de uso de la fuerza.
Entre los principales hallazgos, la organización detectó que las corporaciones no cuentan con mecanismos suficientes para localizar necesidades de capacitación, además de fallas importantes en transparencia y protocolos operativos.
“Lo que nosotros observamos es que no están funcionando todas las instituciones como un sistema”, señalaron los investigadores al advertir profundas diferencias entre estados del país.
En el caso del sistema penitenciario sonorense, la calificación fue de menos 63, una de las más bajas del estudio. La organización alertó sobre deficiencias en infraestructura, falta de certificaciones internacionales y ausencia de separación adecuada entre personas privadas de la libertad según el tipo de delito cometido.
“Hay personas que cometen delitos muy graves, pero hay personas que están por solamente haberse robado una caguama (…) y no pueden compartir los espacios de reclusión”, expuso González.
La investigación también documentó problemas laborales entre custodios penitenciarios, quienes, según se señaló, operan sin una verdadera carrera profesional, con escasas prestaciones y bajo esquemas que incluso son percibidos internamente como castigos administrativos.
Respecto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el estudio arrojó una calificación de menos 53 y reveló uno de los datos más preocupantes: apenas el 11% de ministerios públicos y policías de investigación cuentan con evaluaciones y acreditaciones vigentes de control de confianza.
“Esto, obviamente, tiene implicaciones en cuanto a la confiabilidad de ese personal y del combate a la corrupción dentro de las instituciones”, advirtieron.
Además, el eje peor evaluado fue el de carrera institucional, con una calificación de menos 100, debido a la ausencia de mecanismos claros de promoción, capacitación y especialización para ministerios públicos, peritos y policías investigadores.
La organización sostuvo que muchas de las deficiencias detectadas no obedecen a falta de nuevas leyes, sino al incumplimiento de normas que ya existen y que deberían representar el “piso mínimo” de operación institucional.
El informe completo fue publicado por Causa en Común y forma parte de una gira nacional para presentar los resultados estatales sobre seguridad pública, fiscalías y sistemas penitenciarios.
