La Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en duda la capacidad de las pruebas estandarizadas como PISA para medir de manera objetiva el desempeño educativo, al señalar que existen diferencias importantes entre los contextos escolares del país.
El 1 de abril de 2025, durante el arranque de la aplicación de la evaluación, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que este tipo de ejercicios tienen “limitaciones muy importantes” debido a las condiciones diversas en las que estudian los alumnos.
En un comunicado, el funcionario sostuvo que “los resultados son muy relativos” y defendió las evaluaciones diagnósticas impulsadas por la Nueva Escuela Mexicana como una herramienta para diseñar políticas educativas y fortalecer la autonomía de los docentes.
La aplicación de PISA contemplaba entonces a unos 8 mil estudiantes de 15 años provenientes de 321 escuelas públicas y privadas de las 32 entidades. El examen incluía áreas como lectura, matemáticas, ciencias y habilidades digitales, con participación de planteles urbanos y rurales.
El ejercicio, aplicado mediante el Ceneval, involucraba a estudiantes de secundarias, telesecundarias, bachilleratos, telebachilleratos y centros para trabajadores. En total, se tenía prevista la participación de 91 países, entre ellos 13 naciones latinoamericanas.
México participa en PISA desde el año 2000. La SEP informó que, a partir de entonces, la periodicidad de la evaluación cambiaría de tres a cuatro años, por lo que la siguiente aplicación quedó programada para 2029.
Los trabajos preparatorios comenzaron en octubre de 2024 con una prueba piloto realizada en Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.
