La diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, respondió a los señalamientos realizados por el abogado y especialista en Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, quien la vinculó públicamente con presuntos personajes relacionados con el crimen organizado durante una entrevista radiofónica de alcance nacional.
La legisladora calificó las acusaciones como infundadas y anunció que su equipo jurídico ya analiza las acciones legales que podrían emprenderse tras las declaraciones emitidas en el programa conducido por el periodista Joaquín López-Dóriga.
La polémica surgió luego de que Gutiérrez Priego asegurara que Gárate tendría una supuesta relación familiar con integrantes del Cártel de Sinaloa, derivada de su asistencia a un bautizo celebrado en 2016 y de haber sido madrina de un menor cuyos familiares fueron mencionados por el abogado durante la entrevista.
Ante ello, la diputada reconoció que efectivamente fue madrina del niño, quien actualmente está por cumplir 11 años, pero rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas.
A través de sus redes sociales, explicó que mantiene una relación cercana con sus compadres y defendió su reputación.
“Conozco el trabajo y la honorabilidad” de mis compadres, señaló, al tiempo que sostuvo que, de existir algún parentesco con personas señaladas por actividades criminales, ella nunca tuvo conocimiento de ello.
Gárate también expresó su inconformidad por la exposición pública del menor dentro de la controversia y cuestionó que se involucre a niños en disputas políticas o mediáticas.
“Ninguna campaña de prestigio justifica tocar a un menor de edad”, afirmó.
La legisladora aprovechó su posicionamiento para rechazar otra de las versiones difundidas durante la entrevista, relacionada con una corona fúnebre que recibió en su domicilio el pasado 10 de junio. Aseguró que sí presentó una denuncia formal y que ésta fue interpuesta dentro de las primeras 24 horas posteriores al hecho.
Respecto a las referencias sobre un presunto secuestro ocurrido en 2021, Gárate explicó que en ese momento no logró formalizar una denuncia ante la Fiscalía estatal debido a que ninguna autoridad quiso recibirla.
“No hubo autoridad que me la quisiera recibir y sobre todo porque fui amenazada por el entonces gobernador para no hacerlo”, sostuvo.
La diputada también rechazó que sus denuncias públicas tengan un trasfondo electoral o respondan a intereses personales de cara a futuros procesos políticos.
“Se equivoca si cree que me mueve una aspiración política. Lo que me mueve es la aspiración de ver a mi Sinaloa en paz, con seguridad, sin miedo y en buenas condiciones económicas para vivir, no solo sobrevivir como lo hacemos hoy”, aseguró.
Asimismo, informó que ya se encuentra revisando con sus abogados la ruta jurídica para responder a las acusaciones que considera difamatorias.
Finalmente, lanzó una advertencia pública al responsabilizar tanto a las autoridades estatales como al gobierno federal de cualquier afectación que pudiera sufrir ella, sus familiares o integrantes de su equipo de trabajo.
Según expresó, cada vez que denuncia la situación de violencia e inseguridad que enfrenta Sinaloa surgen ataques en su contra.
“Aparecen ataques, campañas de difamación y acusaciones sin sentido, como ahora que utilizan medios nacionales y voceros no oficiales”, manifestó.
Las declaraciones han generado un nuevo episodio de confrontación en el escenario político sinaloense, en medio de un contexto marcado por el debate sobre la seguridad pública y la violencia que persiste en la entidad.
