En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que entre diciembre de 2018 y marzo de 2025 se han bloqueado 32 mil 531 millones 158 mil 722 pesos relacionados con actividades ilícitas.
Sin embargo, expresó su preocupación porque parte de estos recursos han sido liberados por resoluciones judiciales y del Tribunal Contencioso Administrativo a través de amparos, favoreciendo a presuntos lavadores de dinero.
Gómez detalló que en ese periodo se incorporaron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales, sumando 7 mil 815 sujetos.
Actualmente, permanecen en la lista 4 mil 994 individuos y mil 551 empresas, totalizando 6 mil 545.
“Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros”, afirmó.
El funcionario criticó duramente al Poder Judicial, señalando que “otorgan los amparos a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente. Y entonces, bueno, pues esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción”.
Argumentó que los jueces suelen conceder suspensiones inmediatas, permitiendo el uso de fondos bloqueados a pesar de mantener a los acusados en la LPB, lo que calificó como una práctica injusta: “El Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo”.
Subrayó la vulnerabilidad de México por su frontera con Estados Unidos, “la mayor economía del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber”, insistiendo en la necesidad de un combate efectivo al lavado.
Sobre el caso de Inés Gómez Mont y su pareja, ambos prófugos, Gómez indicó que fueron incluidos en la LPB, pero un juez les otorgó un amparo para usar sus recursos.
En respuesta, Sheinbaum anunció reformas legales: “Estamos preparando modificaciones legales para que haya un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la UIF, y no una primera suspensión para liberar los recursos”.
Añadió: “Estamos hablando de 35 mil millones de pesos. Una razón más para lo que va a ocurrir el primero de junio. No voy a decir qué, porque me va a sancionar el INE, pero todo mundo sabe que no puede ser esta colusión y esta corrupción porque no tiene otro nombre de los jueces y de muchos ministros de la Corte”, calificando la liberación de cuentas como un acto corrupto que beneficia a delincuentes.
