Aguah denunciará a planta tratadora por incumplimiento y daño ambiental

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Foto: Ayuntamiento de Hermosillo

Agua de Hermosillo denunciará ante la Comisión Nacional del Agua, Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa a la Planta Tratadora de Aguas Residuales, PTAR, por incumplir el compromiso de sanear las aguas residuales y por daño ambiental.

Las denuncias de parte del organismo operador se sustentan en la interrupción -por causas imputables a la empresa- del proceso de saneamiento y por el vertido de las aguas crudas sin tratar al cauce del arroyo y zonas aledañas a la PTAR, situación que representa una grave contaminación ambiental.

El director de Agua de Hermosillo, Daniel Sánchez informó que la PTAR incurrió deliberadamente al compromiso establecido con firma y que inició operaciones desde diciembre de 2016, pues no solo dejó de realizar el proceso convencional de saneamiento, sino que está vertiendo el agua residual cruda de la ciudad a espacios naturales que no están acondicionados para recibir los líquidos provenientes del drenaje citadino, impactando así negativamente al medio ambiente.

El funcionario agregó que por estas mismas razones y en base a las cláusulas del contrato relativas al incumplimiento operativo, la empresa Tiar, que está a cargo de la PTAR, ha recibido multas por parte de Agua de Hermosillo durante el último año por el orden de los 150 millones de pesos, mismas que hasta la fecha no se han pagado.

Sánchez González aclaró que el organismo operador de agua potable sí ha estado cubriendo ante la PTAR los costos de la tarifa de Recuperación de la inversión (T1), pero se ha dejado de solventar lo que corresponde a las tarifas de Operación y Mantenimiento (T2 y T3xGasto) que son las que se aplican para el servicio de tratamiento de las aguas residuales.

Cabe señalar que desde diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Hermosillo y Agua de Hermosillo están llevando a cabo un proceso administrativo y jurídico encaminado a cancelar por causas imputables a la empresa este contrato de prestación de servicios, mismo que se estableció desde el año 2015 y que cuesta actualmente al erario poco más de 17 millones de pesos al mes.