Como la marca la Constitución, tras la renuncia del ministro Arturo Zaldívar a su encargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vino después la terna propuesta por el presidente de la República para su relevo, y por lo que se ve, el presidente quiere una Corte que ya no sea tan “Suprema”.
El Ejecutivo no quiere contrapesos, no quiere ver limitado su poder como exige la Constitución, sino un poder omnímodo, por encima de la Constitución.
Eso revelan los perfiles propuestos por el presidente. Se trata ya no digo de personas con afinidad ideológica, lo cual sería comprensible, sino de incondicionalidad personal para con el presidente.
De hecho, las tres son militantes de Morena y subordinadas de López Obrador en la administración pública. Se trata de María Estela Ríos González, actual Consejera Jurídica del Ejecutivo, lo que, por cierto, al tratarse de un cargo de nivel Secretaría, la deja impedida para ser electa como ministra; Bertha Alcalde Luján, subordinada de Ríos González, fundadora de Morena, y hermana de la actual Secretaria de Gobernación; y Lenia Batres Guadarrama, actual funcionaria de Cofepris, fundadora de Morena, y hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ninguna le diría jamás que no, a cualquier petición de López Obrador. Nunca antes un presidente había planteado perfiles tan sesgados, y tan ajenos a la carrera judicial.
Ahora bien, recordemos que el procedimiento que establece el artículo 98 constitucional para nombrar a una ministra o ministro de la Corte, supone la conformación de una terna por parte del presidente de la República, de la cual el Senado seleccionará por el voto de las dos terceras partes de las y los presentes, a la persona que asumirá el cargo. Si la terna fuere rechazada, el Ejecutivo enviará otra para los mismos efectos.
Como puede verse, el presidente tiene enorme margen de discrecionalidad a la hora de integrar la Corte, ya que la persona designada necesariamente será una propuesta suya. Esto no siempre fue así, antaño fueron las legislaturas de los Estados las que enviaban las propuestas.
Pero la cosa se pone peor porque, si transcurridos 30 días de enviada la primera terna el Senado no resuelve, el presidente de la República hace el nombramiento de alguna de las personas de dicha terna, y si, en otro supuesto, ambas ternas fueren rechazadas, igualmente el presidente hace el nombramiento de entre las personas integrantes de la segunda terna. Es decir, hay dos escenarios en los que el presidente puede terminar haciendo el nombramiento directo: 1) que pasen 30 días sin que el Senado resuelva sobre la primera terna, y 2) que el Senado rechace ambas ternas. Hoy está claro que el presidente quiere tener otro incondicional en la Corte, a como de lugar; y utilizará cualquiera de esos escenarios para lograrlo.
El problema está en que, en la medida que el obradorismo alcance cuatro lugares incondicionales en la Corte -y recordemos que ya cuenta con dos: Yasmín Esquivel y Loreta Ortíz-, ya no tendrá impedimento para aprobar cualquier cosa en la ley, por más inconstitucional que resulte, no se alcanzarán los 8 votos que la Carta Magna exige para que una ley sea declarada inconstitucional con efectos generales.
El asunto es extraño y curioso. En principio, las leyes gozan de presunción de constitucionalidad, es decir, al ser emitidas por el legislador democrático -que fue electo en las urnas-, se asume que no contravienen lo dispuesto por la ley fundamental, ya que en su confección el legislador habría tenido el cuidado debido, de suerte tal que el constituyente previno que, en su caso, para echar abajo esa presunción y declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley, no bastaría una mayoría simple de 6 votos del Pleno de la Suprema Corte, sino de una mayoría calificada de 8 votos de sus 11 integrantes.
Insisto, la consecuencia es curiosa, una ley puede ser calificada de inconstitucional por la mayoría de los miembros de la Corte, de 7 de ellos, por ejemplo, pero si 4 no acompañan ese criterio, la ley, por muy inconstitucional que sea, seguirá vigente y plenamente aplicable.
En fin, el hecho es que hoy no solo estamos atestiguando el amiguismo y el nepotismo más ominosos de la historia, sino que el día de mañana, mediante simples reformas legales, Morena podría pisotear derechos y libertades al por mayor, y eso ya lo hemos visto en otros países que han seguido la misma ruta del populismo autoritario.
