Un tribunal civil de Miami dictaminó que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, deberán pagar 2 mil 488 millones de dólares por su involucramiento en un esquema de contrataciones ilegales durante su gestión en el gobierno mexicano.
La jueza Lisa Walsh emitió el fallo tras la solicitud del gobierno de México de declarar culpables a los acusados sin juicio, dado que no comparecieron ni enviaron representantes para responder a la demanda iniciada en 2021.
El fallo establece que García Luna debe restituir 748 millones de dólares, mientras que Pereyra enfrentará una sanción de mil 740 millones de dólares, al ser considerada una figura central en la transferencia y ocultamiento de activos.
Según el gobierno mexicano, García Luna facilitó que el conglomerado empresarial de la familia Weinberg, de origen israelí, obtuviera de manera ilícita 30 contratos con entidades de seguridad pública, extrayendo más de 634 millones de dólares de fondos públicos.
Estos recursos, señala la acusación, fueron trasladados a través de paraísos fiscales hacia Florida, donde se invirtieron en propiedades y otros activos.
Los abogados de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) argumentaron en su solicitud de condena que “un demandado que incurre en una falta por no responder a la demanda inicial del demandante admite los hechos bien fundamentados y consciente en el alivio solicitado en la demanda”.
La UIF presentó la demanda el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, logrando el aseguramiento de 19 propiedades vinculadas a García Luna y sus cómplices.
“Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección, a través de un esquema ilegal de contratación gubernamental, obtuvieron ilegalmente al menos 250 millones de dólares del gobierno mexicano y transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados en las propiedades en cuestión. En total, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección recibieron 580 millones de dólares por los contratos ilegales”, precisaron los abogados.
La jueza Walsh había dado plazo hasta el 28 de abril de 2025 para que las partes llegaran a un acuerdo o iniciaran un juicio, advirtiendo que, de lo contrario, la demanda sería desechada.
De los 28 inmuebles reclamados por la UIF en Florida, 18 ya fueron vendidos, 12 antes del litigio y seis después. La UIF también alega que García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006.
Ni García Luna ni Pereyra mostraron interés en defenderse; aunque Pereyra inicialmente contó con un abogado, este se retiró, y ella no asistió a las audiencias de mediación programadas desde 2024, lo que llevó a la jueza a fallar en su contra.
