La crisis de desapariciones en México ha escalado a un nuevo nivel de atención internacional luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activara un procedimiento especial para analizar el caso mexicano, ante indicios de que este delito ocurre de forma generalizada y sistemática.
En entrevista para el noticiero Nuestras Noticias, con Sergio Valle, el jurista Santiago Corcuera, exintegrante de dicho comité, explicó que esta decisión no es un informe ordinario, sino un mecanismo excepcional contemplado en la convención internacional, utilizado cuando la situación en un país alcanza niveles alarmantes.
De acuerdo con el especialista, tras más de una década de evaluaciones, el comité concluyó que, pese a reformas legales y cambios institucionales reportados por el gobierno, la realidad muestra un deterioro constante: desapariciones diarias, hallazgo continuo de fosas clandestinas y una crisis forense que supera los 70 mil cuerpos sin identificar.
“El problema no es normativo, es de resultados”, subrayó Corcuera, al señalar que no hay avances visibles en prevención, justicia ni identificación de víctimas, mientras la impunidad permanece prácticamente total.
El caso ya fue turnado a la Asamblea General de la ONU, donde podrían discutirse medidas de apoyo técnico e incluso financiero para México.
Sin embargo, el gobierno federal ha rechazado la resolución, al considerar que el organismo internacional incurre en interpretaciones erróneas y exageradas.
Uno de los puntos más polémicos es la advertencia del comité sobre posibles “indicios bien fundados” de que las desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una calificación que ha generado tensión diplomática.
Corcuera también criticó la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al considerar que ha replicado la narrativa oficial en lugar de asumir un papel autónomo en la defensa de las víctimas.
En el plano interno, el experto alertó sobre políticas que podrían limitar el registro de personas desaparecidas, como exigir denuncias formales para incluir casos en bases oficiales, lo que calificó como una medida “revictimizante” en un contexto donde el miedo inhibe a muchas familias.
Finalmente, hizo un llamado a reconocer la magnitud del problema y aceptar la cooperación internacional.
“Sin asumir la gravedad de la crisis, cualquier solución será insuficiente”, advirtió.
Mientras tanto, la realidad en estados como Sonora y otras regiones del país continúa marcada por hallazgos recientes de restos humanos y nuevas fosas, reflejando una crisis que, lejos de contenerse, sigue creciendo.
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